Xavier Olea Peláez, abogado de la periodista Lydia Cacho, confió en que la nueva investigación que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) en torno a este caso, demuestre de una vez por todas que Mario Marín, gobernador de Puebla, utilizó el aparato del Estado para proteger a pederastas y violentar los derechos humanos y garantías individuales de la periodista.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Olea Peláez estimó que será entre cuatro o cinco meses cuando la SCJN dé algunos resultados de la nueva investigación, que se realiza luego de que en septiembre de 2006 se aprobara con seis votos a favor y tres en contra la ampliación de la investigación, que incluye a Marín, «el gober precioso», a la procuradora Blanca Villeda y a una juez de Puebla.
La ampliación se determinó luego de que el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitiaconsiderara que en una primera investigación no existían los elementos suficientes para demostrar que Marín había actuado confabulado con otros funcionarios públicos para encarcelar a Lydia Cacho y con ello la violación a sus garantías fundamentales, lo que provocó discrepancias entre las y los ministros y la aprobación para una nueva investigación.
Olea Peláez, explicó que la SCJN tendrá que designar a un ministro y dos magistrados para retomar la investigación y, una vez terminada, se tendrá que hacer un proyecto de resolución, mismo que será presentado ante el pleno de esta instancia.
El abogado de Cacho Ribeiro desestimó «algunas versiones que se han manejado» respecto a que el tema de la periodista y escritora «no es prioridad para la SCJN» sólo que, dijo, cada asunto tiene su tiempo, por lo que pidió «tolerancia y paciencia».
Xavier Olea puntualizó que la SCJN tendrá que realizar una investigación «adecuada y profunda» que incluya entrevistas con el gober precioso, con la procuradora de justicia estatal Blanca Villeda, con Kamel Nacif y otros funcionarios públicos, así como un análisis de videos y documentos.
Para él, está más que claro que el gober precioso utilizó el aparato del Estado para «un fin mezquino», toda vez que el delito de difamación se considera como menor, por lo que no ameritaba el despliegue de policías judiciales que «atravesaron casi medio territorio nacional para detener a la periodista», cuando seguramente, aseveró, la Procuraduría tendrá cientos de denuncias por el mismo delito y en el mismo estado.
«Eso lo que implica es que hay una renta del aparato del Estado para aprehender a una persona», puntualizó.
Aunque el pasado 3 de enero Lydia Cacho fue exonerada del delito de difamación, interpuesto por el empresario Kamel Nacif -luego de que ésta lo relacionara con una red de pederastia encabezada por Jean Succar Kuri en su publicación Los Demonios del Edén-, queda pendiente comprobar la responsabilidad, entre otros, del «gober precioso» involucrado en su detención y la protección de éste hacia las redes de pederastas.
07/LGL/GG
