La inocencia de Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, comerciantes ñañú (otomí) acusadas de secuestrar a elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) fue confirmada durante las diligencias judiciales llevadas a cabo los días 20, 21, 22, 25 y 26 de mayo en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la ciudad de Querétaro.
Las diligencias de este caso, informa un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) se realizaron en cumplimiento de la reposición de procedimiento ordenada por el Tribunal Unitario que conoció el caso en segunda instancia, ante la inconformidad de la defensa de las mujeres que aportó pruebas exculpatorias del presunto secuestro que habrían realizado en agosto de 2006 durante un operativo policial para confiscar mercancía «pirata» en el mercado donde la señora Jacinta vendía paletas y aguas frescas.
A las diligencias se presentaron algunos de los policías federales que se dicen víctimas de las tres mujeres, y mostraron nuevamente la inconsistencia de su versión de los hechos, al no poder establecer clara y precisamente cómo es que estos ocurrieron. Al ser careados, los agentes reconocieron que habían entablado una negociación con algunos comerciantes que reclamaban el pago de la mercancía que les había sido confiscada arbitrariamente; además, aceptaron que en ningún momento habían estado incomunicados.
Los testigos de descargo, por su parte, reiteraron contundentemente que la señora Jacinta no había intervenido en los hechos y se refirieron al cariño y al respeto que por ella tiene su comunidad.
NUEVAS IRREGULARIDADES
Las audiencias celebradas recientemente no carecieron de las irregularidades que desde el inicio han viciado el juicio de Jacinta, denuncia el Prodh. Aunque la defensa lo solicitó oportuna y formalmente, el Juez Cuarto de Distrito se negó a facilitar intérprete del otomí a testigos indígenas de Santiago Mexquititlán que lo requerían por ser su derecho.
Tras el desahogo de las pruebas ordenadas por el Tribunal Unitario, el juicio podrá ser cerrado de nueva cuenta, y el Juzgado Cuarto estará en condiciones de dictar una nueva sentencia. Considerando los elementos de prueba existentes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) confía que la sentencia absolverá a la señora Jacinta y pondrá fin a una injusticia que se ha prolongado por cerca de tres años.
Entretanto, la señora Jacinta continúa privada de su libertad en el Centro de Readaptación Social Femenil de San José el Alto.
Nuevamente, el Centro Prodh llama a la opinión pública nacional e internacional a mantener la atención en el caso, mismo que a su juicio es paradigmático de las deficiencias de la justicia mexicana que daña sobre todo a quienes por su situación étnica, social o de género son juzgados con inequidad; tanto como del uso desviado y abusivo del delito de secuestro en la persecución penal de colectivos que expresan su protesta o rechazo por la acción ilegal de las autoridades.
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