El próximo lunes, el Juzgado de Sentencia del departamento salvadoreño de Sonsonate reabrirá el caso de Sonia Tábora, presa desde hace siete años acusada de homicidio agravado tras sufrir un aborto espontáneo.
Tábora era trabajadora del hogar en San Salvador, capital del país centroamericano, donde laboraba de lunes a viernes. El fin de semana visitaba a su familia en un rancho, en Sonsonate, relató a Cimacnoticias Sara García, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.
El 19 de febrero de 2005, de visita con sus familiares, la joven, quien entonces tenía 20 años, sufrió un dolor abdominal seguido de una hemorragia que le causó la pérdida del producto de siete meses de gestación.
Su padre llamó a la policía para que en la patrulla la trasladaran al centro de salud. Después de una hora, los uniformados la llevaron a la unidad médica, pero uno de los policías regresó a la casa de los padres de Sonia Tábora y encontró el cadáver del feto.
A partir de ese momento inició el proceso judicial contra la salvadoreña, quien primero fue acusada de aborto y después de homicidio agravado, delito por el que fue condenada a 30 años de prisión.
«CRIMINAL PELIGROSA»
Durante el juicio, Tábora estuvo en prisión preventiva pues las autoridades la consideraron «una criminal peligrosa», a pesar de que «no se hizo autopsia al feto, por lo que no se pudo comprobar si había sido un aborto inducido», explicó Sara García.
Tras siete años de cárcel, la salvadoreña podría salir libre ya que el Juzgado de Sentencia de Sonsonate admitió el recurso de revisión de su caso, que hace tres semanas interpuso la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.
García dijo a Cimacnoticias que uno de los argumentos para demostrar la inocencia de Tábora es que «se le condenó sin una prueba directa y no se realizó la autopsia al feto».
El próximo 23 de julio las activistas, junto con la defensa de Sonia, estarán al pendiente de que la audiencia se realice, ya que debió llevarse a cabo ayer, pero fue cancelada porque la Oficina de Reos no trasladó a la centroamericana «por una falla administrativa (no les llegó a tiempo el oficio o no hubo transporte)», narró la activista.
Para la defensora del derecho a decidir, la revisión del caso de Sonia Tábora es trascendental, ya que permitirá «demostrar que aquí se está sentenciando injustamente a las mujeres».
«Es importante que estos casos salgan a la luz porque reflejan el impacto de leyes sobre nuestro cuerpo, que lejos de propiciar una disminución de abortos, ocasionan que las mujeres no accedan a servicios de salud de calidad», esta situación afecta sobre todo a las jóvenes pobres, acusó Sara García.
MÁS MUJERES ENCARCELADAS
Desde 1998 El Salvador penalizó el aborto de manera absoluta. A partir de entonces, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico se ha dedicado a documentar los casos de mujeres criminalizadas por interrumpir un embarazo.
Tan sólo de 2009 a la fecha se han identificado en los juzgados 24 casos de mujeres acusadas de aborto u homicidio agravado.
Como Sonia Tábora, la mayoría de ellas «son acusadas de aborto en los hospitales y cuando inicia el proceso en las fiscalías las acusan de homicidio agravado», con penas de hasta 30 años de prisión.
Ante esta «criminalización de las mujeres, sobre todo de las más pobres», la agrupación salvadoreña prepara la petición de indulto colectivo para que estas 24 mujeres queden en libertad. El recurso jurídico se presentaría en septiembre próximo.
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