La fundadora de Casa Amiga, Esther Chávez Cano, expresó hoy su beneplácito por la atracción de 14 casos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, por la Procuraduría General de la República (PGR) presuntamente vinculados al tráfico de órganos.
En entrevista telefónica, Chávez Cano señaló que la medida, anunciada en Ciudad Juárez el pasado miércoles, así como el arraigo de dos hombres que podrían estar vinculados con los asesinatos y la delincuencia organizada, «aunque parece poco firme, arroja esperanza».
El anuncio de la PGR produjo una reacción distinta para las autoridades de Chihuahua, quienes hoy rechazaron –de acuerdo a versiones periodísticas estatales– que la PGR tenga una investigación sobre 14 casos de tráfico de órganos y que halla dado seguimiento desde agosto del 2001.
Entre los 14 casos estarían ocho mujeres desaparecidas el 6 y 7 de diciembre del 2001, por cuyas muertes se aprehendió y obtuvo confesión del hoy finado Gustavo González Meza, alias «la foca», así como de Víctor Javier García Uribe, alias «el cerillo».
Chávez, una de las primeras activistas en denunciar los asesinatos de mujeres, abundó que los 14 expedientes investigados por la PGR incluirían además a dos mujeres cuya desaparición se denunció en noviembre del 2002 y dos en febrero del 2003 además de otros dos casos que se habrían ocultado a la opinión pública.
La activista, ganadora del premio María Lavalle Urbina 2002, consideró que después de 10 años se ve una luz, toda vez que en la plaza principal de Ciudad Juárez han sido instaladas cámaras de vigilancia, mismas que serán colocadas en distintos puntos de la ciudad.
Entre los pendientes está la instalación del laboratorio de pruebas de ADN, cuyo equipo espera en un almacén de Monterrey, Nuevo León, indicó, para analizar algunos hallazgos en los cerca de 300 casos denunciados de asesinatos de mujeres, generalmente jóvenes trabajadoras de la maquila a los que se sumaría hasta medio millar de desaparecidas.
ATRACCIÓN FEDERAL
El miércoles 30 de abril, durante la reunión de Coordinación de Seguridad Pública realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, el subprocurador federal, Carlos Javier Vega Memije, informó que desde el 16 de abril del 2003 la justicia federal solicitó 14 expedientes a la Fiscalía Local Especializada para Atender los Asuntos de los Asesinatos en Ciudad Juárez.
Un comunicado emitido por la PGR refiere que Vega Memije relató el proceso para localizar un teléfono celular que había sido reportado como parte de las pertenencias que llevaba consigo una de las víctimas por parte de personal de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
El celular los llevó al arraigo por 90 días de Miguel Ángel Vázquez Villegas y Hernando Valles Contreras, uno de ellos tenía el aparato telefónico en sus manos.
El subprocurador Vega Memije indicó que si bien se siguen varias líneas de investigación, ésta es hasta ahora la más firme, en virtud de que se han podido obtener detalles que conducen a la hipótesis de que estas mujeres fueron asesinadas para extraer sus órganos y traficar con ellos.
El director de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, reivindicó la colaboración de esta organización, de la PGR y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense en la normatividad nacional.
Ello porque «ya que no se trata de que a la hora de perseguir el delito las instituciones se escondan o se escuden en las jurisdicciones para evadir una responsabilidad que a todos es inherente» señala el comunicado.
En el evento, la representante máxima del empresariado en Ciudad Juárez, Chihuahua, María Asunción Gutiérrez de Anda, se comprometió a apoyar las acciones de la PGR con la convicción de que sólo en un ambiente de pleno respeto a la ley, la sociedad puede alcanzar plenitud y desarrollo.
2003/MR/MEL
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