El único crimen que han cometido los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa (OPIM) encarcelados injustamente en el Centro de Readaptación Social de Ayutla de los Libres, Guerrero, acusados por la muerte de un informante del Ejército, es defender los derechos sociales, culturales y económicos de su pueblo.
Así lo declaró Kerrie Howard, directora para América de Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, después de visitar, junto con otros dos integrantes de AI, a los cinco hombres que llevan detenidos casi un año en el Centro Penitenciario de Ayutla.
Mientras, afuera del penal esperaban sus esposas, familiares e Inés, indígena Me`phaa violada por militares en 2002, cuyo caso, al igual que el de Valentina, llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la falta de justicia. Estaban también sus compañeras y compañeros de la OPIM.
Mujeres y hombres –en espera de que salieran la y los representantes de AI, quienes estuvieron acompañados por integrantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan– mostraron mantas con el lema: «Alza tu voz por su libertad» y vestían una playera blanca que decía: «Cinco presos de conciencia en Ayutla».
Los cinco detenidos son: Orlando Manzanares Lorenzo; Manuel Cruz Victoriano, ex comisario de El Camalote en Ayutla de los Libres quien denunció haber sido esterilizado por la Secretaría de Salud; Raúl Hernández Abundio, Natalio Ortega Cruz y Romualdo Santiago Enedina, estos dos últimos son sobrinos de Inés.
De esta forma, esposas y familiares, entre ellas Inés, realizaban una más de las acciones que han llevado a cabo para lograr su liberación. En mayo del año pasado, visitaron la Cámara de Diputados en el Distrito Federal, por invitación del diputado Marcos Matías, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, recinto en el cual relataron que sus esposos fueron inculpados sin fundamentos ni pruebas del homicidio de Alejandro Feliciano García, vinculado al Ejército y a corporaciones policíacas, ocurrido el primero de enero de 2008.
Adentro del penal, los cinco miembros de la OPIM salieron de sus celdas para reunirse con el grupo de AI y con integrantes de Tlachinollan. Los indígenas forman parte de una población de 134 internos del Centro de Readaptación, quienes comparten 14 celdas de cinco por cuatro metros, en donde habitan 10 personas en cada una, informó el propio director del Centro, Ángel Barrientos Muñoz.
LLAMADO INTERNACIONAL
Howard destacó que AI hará un llamado a nivel nacional e internacional para pedir la liberación de los cinco detenidos, de forma inmediata e incondicional, no solo por la deplorable situación en la cual las autoridades tienen a estos hombres encarcelados por el hecho de ser defensores de los derechos humanos, sino porque no se cuenta con ninguna prueba en su contra.
Además señaló que, con base en estas acciones de presión internacional que hará AI ante Naciones Unidas, en otras instancias internacionales y en instancias gubernamentales, el Gobierno mexicano tendrá que legitimar y contestar por qué no ha actuado de acuerdo con los recursos legales en el caso y por qué no se les ha liberado a pesar de los indicios a su favor.
VASECTOMÍA CON ENGAÑOS
El caso de estos indígenas encarcelados tuvo su origen en 1998, cuando una brigada de la Secretaría de Salud practicó vasectomía a 14 indígenas Me´phaa, bajo la promesa de que entregarían unas obras que beneficiarían a su comunidad, como informó Cimacnoticias en su oportunidad.
El incumplimiento de esta promesa dio origen a una queja de la comunidad ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), encabezados por Orlando Manzanarez Lorenzo, hoy preso. La denuncia concluyó con una recomendación, la 066/2007, ratificada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyo cumplimiento por parte del Gobierno de Guerrero sigue pendiente.
Posterior a esto se dio el asesinato del hermano de Inés, Lorenzo Fernández Ortega, quien la apoyó para que la violación cometida no quedara impune. El asesinato hasta hoy no se ha aclarado, pero la OPIM considera que está relacionado con su trabajo en pos de justicia.
Posteriormente, las autoridades ordenaron la aprehensión de los cinco indígenas, aún presos, acusados de matar a una persona vinculada con el Ejército.
VENTILARÁ AI EL CASO EN LA ONU
Durante la reunión de AI con los detenidos, que duró más de una hora, la directora de América de ese organismo, platicó de los cargos fabricados en contra de los indígenas y sobre las razones que habría para que no hayan sido liberados, a pesar de que cuentan con recursos judiciales a su favor.
La visita de AI ocurre después de que emitió, el pasado 22 de abril, una Acción Urgente mediante la cual pide al gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, y al procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Eduardo Murueta Urrutia, que garanticen un juicio justo y apegado a Derecho para los 5 miembros de la OPIM.
Para la directora de América de AI, este es un caso relevante y prioritario debido que ha sido estudiado durante muchos meses. Con esta visita, dijo, tenemos la oportunidad de incorporar más datos sobre la violación de derechos humanos que se han venido dando en la detención de estas cinco personas.
Howard puntualizó que estas violaciones no deberían de ocurrir en un país como México, por lo que consideró que este país tiene problemas muy graves en los Derechos Humanos, lo que se dará a conocer en los próximos días en la reunión de DH en Naciones Unidas, donde se presentarán los informes sobre las deplorables condiciones que vive el país.
Consideró también que las autoridades deben desistirse de las otras 10 órdenes de detención que existen en contra de los otros miembros de la OPIM, quienes también lucharon por defender sus derechos humanos.
Sobre las medidas cautelares y la recomendación de la CIDH por la integridad de los cinco presos, Abel Herrera director de Tlachinollan dijo en entrevista que el Gobierno federal tiene un doble discurso hacia las organizaciones sociales e indígenas.
En su declaración en la CIDH, el Estado se contradijo al decir que por parte del Gobierno federal no había ninguna incumbencia y al final el Ministerio Público federal impugna la resolución que había resuelto que ellos no tenían responsabilidad alguna en el caso.
Herrera consideró que hay un predisposición del Gobierno de fabricar delitos, actitudes discriminatorias y, sobre todo, en vez de resolver los conflictos, los siembra, lo que genera división comunitaria en los pueblos, mayor pobreza y la creciente intervención de los militares.
«Vemos claramente cómo se pretende criminalizar a los pueblos que se organizan y esto responde a que AI ha declarado presos de conciencia a los cinco detenidos indígenas», consideró Herrera.
Esto, agregó, es grave para el sistema penitenciario mexicano, que reincide en ventilar sus inconsistencias, sus actitudes facciosas y la falta de compromiso por la verdadera justicia hacia los pobres.
«La visita de AI hace posible que la población indígena de la zona y su organización tengan un aliado más para hacer pública a nivel internacional la injusticia que padecen, para que su voz trascienda las fronteras nacionales», finalizó.
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