Esposas de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), a quienes se les dictó auto de formal prisión el pasado 23 de abril por el homicidio de Alejandro Feliciano García –vinculado al Ejército–, exigieron su libertad, pues su único delito ha sido organizarse para exigir servicios públicos de calidad y una aplicación de recursos transparente.
«Él no hizo nada, él es albañil y trabaja para dar de comer a nuestros hijos, nunca ha robado para que tengan que comer nuestros hijos, aunque tengamos 20 pesos con eso estamos todo un día, pero aunque el Gobierno lo tuvo que meter a la cárcel nosotros vamos a seguir trabajando, yo voy a seguir luchando», expresó Fortina Cruz Ortega, esposa de Orlando Manzanarez, informa el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Su único delito es haber organizado a la gente para que tengan un buen servicio en las comunidades y el encarcelamiento de ellos es sólo una medida de intimidación, afirmó Fortina durante la visita realizada ayer a la comunidad El Camalote por una Misión de Observación, integrada por organizaciones no gubernamentales, campesinas y estudiantiles, así como organismos de derechos humanos nacionales y locales.
El Camalote se ubica a dos horas y media de Ayutla, la carretera para llegar a ese lugar es de terracería y de difícil acceso; no hay una red de drenaje, ni de agua potable; y si bien existe una casa de salud, no hay medicinas. La pobreza es visible y en cada casa esposas, hijas e hijos han quedado en la incertidumbre y por ello ruedan las lágrimas en cada rostro, dice Tlachinollan.
Fortina sostiene que si el «Gobierno quiere hacer justicia», que también «investigue» el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, el hermano de Inés, indígena que fue violada sexualmente por soldados del Ejército en 2002, ahí no hace nada». Que investiguen las violaciones sexuales que sufrieron Inés y Valentina, porque hasta hoy esos casos han quedado en la impunidad, «para nosotros, no ha habido justicia».
Por su parte, las organizaciones expresaron a las esposas, hijas e hijos de los detenidos que «no están solas» y que van a estar observando el proceso jurídico que se desarrolle, para evitar que sean condenados con pruebas falsas.
Por separado, Celestina Remigio, esposa del ex comisario de El Camalote y uno de los indígenas esterilizados, Manuel Cruz Victoriano, pidió la libertad de su esposo, porque «él es inocente». Dijo que él «no ha matado a nadie» y que el gobierno los está culpando sin pruebas.
En cada vivienda visitada por la Misión, la voz generalizada de las mujeres, madres y esposas fue que los cinco detenidos «son inocentes» y exigen un ejercicio de justicia equitativo, dice Tlachinollan.
También en el local de la OPIM, ubicada en El Camalote, integrantes de esa organización exigieron la libertad de sus compañeros, pues argumentaron que sus acusadores que viven en el mismo pueblo, han sido «quienes han saqueado los recursos naturales y se han beneficiado de los programas y beneficios que llegan a esa comunidad». De igual modo rechazaron pertenecer a grupos armados e insistieron en que el gobierno sólo quiere desmantelar a la OPIM.
INICIÓ CON UN ABUSO
El caso de los indígenas presos tuvo su origen en 1998, cuando 14 indígenas Me´phaa de ese lugar se dejaron practicar una vasectomía por una brigada de la Secretaría de Salud, a cambio de una serie de obras de beneficio colectivo.
Como nada de eso se cumplió y a la fecha sigue sin cumplirse, encabezados por el entonces comisario, Orlando Manzanarez Lorenzo (hoy preso), presentaron en 2003 una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) que terminó en una recomendación, ratificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con la recomendación 066/2007, cuyo cumplimiento por parte del Gobierno de Guerrero continúa pendiente.
Ante la falta de respuestas, la OPIM continuó demandando el cumplimiento de los acuerdos con la Secretaría de Salud y las recomendaciones al Gobierno del estado y ocurrió entonces el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de una de las dos mujeres violadas sexualmente por soldados del Ejército en 2002.
Luego, las autoridades locales ordenaron la aprehensión de los indígenas, acusados de homicidio en contra de una persona ligada con el Ejército.
La Misión que visitó El Camalote, incluidas las esposas y otros familiares, había acudido el día anterior al Juzgado Mixto de Primera Instancia, Alfredo Sánchez Sánchez, día en que venció el término para que el Juzgado Mixto dictara auto de libertad o de formal prisión, para exigirle una resolución apegada a derecho.
También reprocharon que haya liberado 15 órdenes de aprehensión el 11 de abril contra un igual número de integrantes de la OPIM en El Camalote, con una averiguación previa en la que el MP de Ayutla da valor probatorio a una copia de fax de la necropsia que le practicaron al cadáver de Alejandro Feliciano, el pasado 10 de abril, a casi cuatro meses de su muerte y a 10 días de que fueron emboscados cuatro policías municipales y un pagador de Telecomm-Telegráfos que entregarían recursos del programa Oportunidades, en comunidades Me´phaa.
Pero ese mismo día, por la tarde, el Juez dictó auto de formal prisión a Orlando Manzanarez Lorenzo, dirigente de la OPIM en El Camalote y representante de los 14 indígenas Me´phaa de ese lugar que fueron esterilizados de manera forzada en 1998 y 2001; a Manuel Cruz Victoriano, ex comisario (quien es una de las personas esterilizadas; a Raúl Hernández Abundio, y a Natalio Ortega Cruz y Romualdo Santiago Enedina (sobrinos de la indígena Me´phaa, Inés, violada sexualmente por soldados del Ejército, en 2002) .
El Juez se negó a tomarles su declaración por escrito, bajo el argumento de que no estaba redactada en Me´phaa.
«Esta resolución es injusta e ilegal, porque que no existen pruebas contundentes y de peso dentro de la averiguación previa que señalen a los detenidos como responsables de la muerte que se les imputa; y se les negó además el derecho a declarar por escrito, bajo el argumento de que su texto no estaba redactado en la lengua Me´phaa (tlapaneco)», afirmó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
En respuesta al encarcelamiento de los indígenas, la prestigiosa organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), emitió el día 22 de abril una Acción Urgente mediante la cual pide al gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, y al procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Eduardo Murueta Urrutia, que garanticen un juicio justo y apegado a derechos, a los 5 miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que fueron detenidos y encarcelados el 17 de abril, por el delito de homicidio.
Asimismo demanda a ambas autoridades que aseguren que no haya maltrato ni tortura para los mismos detenidos ni los otros 10 integrantes de la OPIM, entre ellos el presidente, Cuauhtémoc Ramírez, que tienen una orden de aprehensión por el mismo caso; y llama también a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) en Guerrero a que documente los actos de «hostigamiento y las irregularidades» que se desarrollen durante el proceso.
Amnistía advierte de igual modo que «órdenes de aprensión han sido liberadas para arrestar a otros 10 líderes de la OPIM, incluyendo su presidente Cuauhtémoc Ramírez».
08/GG
