Organizaciones civiles integrantes del Observatorio Ciudadano del Feminicidio hicieron hoy un exhorto al Gobierno federal a cumplir los compromisos asumidos con los derechos humanos de las mujeres, los cuales se encuentran «sin respuesta del Ejecutivo», señalan, ante la solicitud de la publicación del Reglamento sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
A seis meses del inicio de la nueva administración y a 4 meses de haberse aprobado la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la situación de la violencia hacia las mujeres ?teniendo como su consecuencia homicidios ocurridos en lo que va de esta administración– se han multiplicado en todo el país, afirman en un comunicado de prensa.
Ante esta situación, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, integrado por ONG, como Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hace un llamado de atención acerca de hechos como la persistencia de asesinatos aún impunes de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
«A la lamentable lista de 460 homicidios, reconocidos por el gobierno federal en el periodo 1993?2006, habrá que añadir trece nombres más de mujeres asesinadas en esa ciudad en este año», exponen.
Otras situaciones de violación a los derechos humanos de las mujeres son: las violaciones a mujeres perpetradas por militares en Castaños, Coahuila; la agresión del 19 de junio dirigida a Cristina Auerbach Benavides, miembro del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, que también participa en el caso de explosión de la mina en Pasta de Conchos; el abuso sexual de mujeres jóvenes en Michoacán, en el contexto de la reciente ofensiva militar contra el narcotráfico, y la muerte no aclarada de Ernestina Ascencio Rosario, en Zongolica, Veracruz.
Tras considerar que el asesinato de niñas y mujeres en México es recurrente y se multiplica por todo el país, las organizaciones denuncian los asesinatos de Brenda Paola Pérez Islas, de 10 años, violada y asesinada en Ixtapaluca, Edo. México, y el de Catalina Gómez Domínguez, de 14 años, quien ya había sido violada, y ahora fue apuñalada en Cadereyta, Nuevo León, ocurridos en esta semana, además del asesinato de Sandra Valdés, ocurrido en Saltillo, Coahuila el 17 de junio, quien fue estrangulada y degollada.
Todos estos hechos conforman un panorama desalentador para el compromiso que asumió el Ejecutivo con los Derechos Humanos de las mujeres, opinan.
«En el presente sexenio, hemos sido testigos de la activa participación de las fuerzas armadas en hechos violatorios del Artículo 129 constitucional, al destinar al Ejército a funciones de policía, lo cual forma parte de un contexto de permisividad delictiva en el que aparece el feminicidio».
Pero a pesar de los excesos, el Estado mexicano no ha dado muestras contundentes de atender el fenómeno del feminicidio.
Por ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga al Ejecutivo a construir tres instancias para su pleno funcionamiento: el Reglamento de la Ley; el Sistema Nacional sobre la Violencia Contra las Mujeres, y un Programa Nacional Integral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, de los cuales ninguno ha comenzado y los plazos legales han vencido.
En este sentido, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio ha solicitado información por escrito al Ejecutivo, sin respuesta aún, pues se ha rebasado el tiempo que marca la propia Ley General de Acceso para emitir su reglamento y no hay noticia pública de que exista.
Llama la atención, además, que en el Plan Nacional de Desarrollo desapareció el reconocimiento de la inequidad entre los hombres y las mujeres. Esto contraviene frontalmente la Convención Contra Todas las Formas de Violencia hacia las Mujeres, Belém do Pará, que establece que la violencia contra las mujeres es un mecanismo de inequidad para su control, dominio y opresión.
Por todos estos motivos, las más de 30 organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, «no cederemos en la lucha de hacer efectiva la Ley de Acceso, así como de hacer los señalamientos necesarios para su buen funcionamiento y nos sumamos a la Jornada Mundial contra el Feminicidio convocada por organizaciones civiles de todo el mundo, que demandan a las autoridades competentes retomar sus obligaciones ejecutivas, legislativas, judiciales pendientes, con el fin de restablecer las garantías individuales de los ciudadanos, particularmente las de mujeres y de las niñas».
Firman la declaración, por el equipo coordinador del Observatorio Ciudadano del Feminicidio: Católicas por el Derecho a Decidir, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Red Mujer Siglo XXI, Red Contra la Violencia Hacia las Mujeres y los Hombres Jóvenes, Academia Morelense de Derechos Humanos, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Asociación Sinaloense de Universitarias y Servicio Paz y Justicia, México.
07/CV/GG
