Esperamos que esta semana el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres responda positivamente a la solicitud de Alerta de Género presentada el pasado 5 de mayo por el Centro de Derechos Humanos «Victoria Diez» y más de cien Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Redes de Derechos Humanos, porque en Guanajuato existe un cuerpo normativo que transgrede los derechos humanos de las mujeres.
La solicitud se refiere a la reforma al Artículo primero de la Constitución local, aprobada el pasado 8 de mayo en Guanajuato, a iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN), que define persona como «todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural» y a quien el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos».
Así lo afirmó a Cimacnoticias Ángeles López, titular del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, quien detalló que la respuesta llegaría a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, es decir, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
La aprobación, recordó la feminista, se dio sin discusión, por considerarla un elemento fundamental de «buenas costumbres», y obtuvo mayoría con los votos de la diputada del Partido del Trabajo, Dulce María Badillo, y de Rosario de la Vega y Anastacio Rosiles, del Partido Revolucionario Institucional.
Hasta ahora, Inmujeres no ha dado a conocer ninguna información sobre el proceso de Agravio Comparado presentado por las OSC de Guanajuato y de otros estados de la República, con fundamento en los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en su Reglamento, publicado recientemente, con base en sus artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39.
MUJERES DE GUANAJUATO, TRATO DIFERENTE
La solicitud de agravio comparado está fundamentada en la normatividad vigente en el Distrito Federal, referente al derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo (ILE), contenido en su Código Penal (artículos 144, 145, 146, 147 y 148), que reconoce y garantiza mayores libertades y derechos para las mujeres, en relación al Código Penal de Guanajuato, que limita el mismo derecho.
Esto evidencia, detalla la petición, una clara desigualdad en el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos de las mujeres en Guanajuato por hacer un tratamiento diferenciado a una misma situación, «agraviando comparativamente a las mujeres de nuestra entidad porque se les impide el pleno ejercicio de sus derechos humanos».
De igual forma, se argumenta el agravio comparado en términos de la fracción primera del Artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues en Guanajuato, con respecto a otras entidades, hay una diferente restricción de derechos específicos para una misma problemática, en detrimento de las mujeres guanajuatenses.
Con ello, se afirma en la solicitud, se afecta a 2 millones 644 mil 213 mujeres en Guanajuato, pero especialmente a mujeres en edad reproductiva, es decir, de los 12 a los 50 años.
PUBLICACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD
Por otra parte, el Congreso de la entidad informó en su página Web el viernes pasado que 32 de los 46 municipios habían dado su aprobación a la modificación en la Constitución local, que argumenta proteger la vida desde el momento de la concepción con el fin de criminalizar la interrupción legal del embarazo y formas de anticoncepción, como el dispositivo intrauterino y la anticoncepción de emergencia.
Con esto, es inminente la publicación de la ley. Sin embargo, López afirmó que preparan los elementos necesarios para que el Procurador de los Derechos Humanos del estado se muestre a favor y realice el recurso de inconstitucionalidad, el cual se convierte, junto con el Agravio Comparado, en una posibilidad más para que se respeten los derechos de las mujeres en Guanajuato.
CONSECUENCIAS DE LA PUBLICACIÓN
Ángeles López, titular del Centro de Derechos Humanos «Victoria Diez», explicó que la publicación de la ley no solo implica que los derechos de las mujeres y su derecho a decidir sobre sus cuerpos no se respete, pues el estado tendrá que hacer un nuevo censo de población, ya que embarazadas tendrán en sus vientres, desde el inicio de la concepción a una «persona», a la cual se le tendrá que expedir una acta de nacimiento desde el momento de su concepción.
Además, a las mujeres gestantes que estén trabajando les tendrán que dar doble salario, porque son dos personas en una, entre muchas otras cosas que afectarán la cotidianidad de las mujeres en Guanajuato, finalizó.
09/STP/GG
