Diputadas, diputados y analistas mostraron su preocupación por el estado de Calamidad Pública decretado por el Gobierno a causa del virus A/H1N1, porque restringe la libertad de expresión y de opiniones, por lo que el Congreso busca no ratificar el inciso en donde se establecen serias limitaciones.
De acuerdo con el Artículo 4 del Decreto, se restringe la plena vigencia de los derechos constitucionales reconocidos en los Artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la República que se refiere a la libertad de acción y a la libertad de locomoción, respectivamente.
El Artículo 5 de la Constitución garantiza la libertad de acción y establece que nadie puede ser perseguido o molestado por sus opiniones; este artículo es complementario del Artículo 35, que garantiza la libre emisión del pensamiento, dijo Destarac.
La diputada Rosa María de Frade, de Bancada Guatemala (BG) dijo a Prensa Libre que es comprensible que el Ejecutivo tome medidas de prevención pero en ningún caso se puede limitar la opinión de la ciudadanía.
La congresista Nineth Montenegro comentó que tal parece que el gobierno quiere generar un ambiente de temor o paralizar a la sociedad, mientras que Roxana Baldetti, del Partido Patriota (PP) afirmó que el presidente Álvaro Colom está mal asesorado o tiene un plan para limitar las libertades de los guatemaltecos.
Según la información, tanto la BG como el PP deberán convencer a otras bancadas para no ratificar el inciso donde se señalan esas limitaciones, ya que ambos no hacen mayoría.
Ileana Alamilla, de la Asociación de Periodistas de Guatemala, señaló que la libertad de opinión y de expresión es un derecho fundamental y que con esta disposición puede haber una tendencia a criminalizar la opinión o citar a periodistas a declarar en los tribunales, por la labor que realizan.
Por su parte Mario Fuentes Destarac, del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), dijo que lo preceptuado en el Artículo 5 de la Carta Magna es complementario a lo que dicta el 35 Constitucional, respecto de la libertad de emisión del pensamiento y que tal como fue aprobado el estado de Calamidad la persona sí podrá ser molestada por sus opiniones.
El Cedecon es una asociación civil constituida en 1992 que busca promover de manera adecuada las normas de la Constitución Política; el pasado jueves dicha institución eligió a los abogados Anabella Morfín y Alejandro Ballsels como presidenta y vicepresidente respectivamente y a la jurista Ileana Alamilla como integrante de la Junta Directiva
Al ser consultado el Presidente Álvaro Colom, expresó que el decreto no busca más que intervenir en la prevención y en la conducción de la gestión de emergencia y que si había discrepancias con la decisión que se presentaran a la Corte de Constitucionalidad (CC).
En un caso de estos, todos tenemos que alinearnos a una autoridad y la autoridad electa en este país soy yo, dijo Colom.
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