Rumbo al Examen Periódico Universal que presentará México ante la ONU en febrero próximo, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, presentó un informe sobre el tema donde exhorta al Estado mexicano a retirar de los instrumentos internacionales, que ha signado en materia de derechos humanos, las declaraciones interpretativas o reservas respecto a la jurisdicción militar.
La ICTJ es una organización de derechos humanos que apoya a países y sociedades que luchan contra la impunidad, cuyo trabajo se centra en sociedades que buscan salir de conflictos armados o de regímenes represivos y en democracias previamente consolidadas.
En 2004, preparó un instrumento de política para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre los factores que rigen las iniciativas de acción penal nacionales e híbridas. Actualmente este instrumento es distribuido a todas las misiones de Naciones Unidas alrededor del mundo.
En su informe de cinco cuartillas, este organismo ejemplifica que la investigación de los crímenes del pasado por parte de la jurisdicción militar, avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis de jurisprudencia de 2005, que establece que «todo delito cometido por militares, se encuentren o no en activo, será competencia de sus tribunales», ha propiciado que algunos casos estén sobreseídos, como el de Rosendo Radilla, que actualmente se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por ello ha exhortado al Estado mexicano a quitar estas reservas e interpretaciones y reformar su legislación en materia de derechos humanos.
FEMOSPP, ACOTADA Y CON MALOS RESULTADOS
En el informe, la ICTJ hace una fuerte crítica al trabajo de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales del pasado (Femospp) creada durante el sexenio del panista Vicente Fox para dar «respuesta» a una de sus promesas de campaña.
El documento enfatiza que dicha Fiscalía tuvo un trabajo acotado y difuso y utilizó mal los recursos asignados, lo que se reflejó en sus «pobres» resultados.
Critica la nula experiencia en la materia de Ignacio Carrillo Prieto, nombrado fiscal por el ex procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y enumera una serie de obstáculos que dieron como resultado el fracaso de la Femospp.
Entre ellos menciona las resistencias políticas, las estrategias fallidas pero sobre todo, dice, su falta de legitimidad social entre las ONG de derechos humanos y de familiares de las víctimas.
El ICTJ argumenta que pese a las «buenas intenciones» de la fiscalía y a que contaba con un presupuesto superior a los 247 millones de pesos, hubo una mala utilización de los recursos y careció de una capacidad técnica necesaria para investigar el tipo de crímenes a su cargo.
Sus esfuerzos se centraron, dice el documento, en poder consignar a los responsables de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968 y del Jueves de Corpus el 10 de junio de 1971, así como a los desaparecidos de la guerra sucia, también de la década de los 70.
La Femospp constituyó en su creación, en 2001, una «esperanza» para investigar y esclarecer la verdad respecto a estos hechos y otras graves violaciones de derechos humanos ocurridas en México y se esperaba que por medio de ella las víctimas pudieran acceder a la justicia. No obstante, señala el documento, su trabajo se fue acotando cada vez más.
«De los más de mil casos bajo investigación de la Femospp durante sus 5 años de existencia, tan sólo se consignaron 19 averiguaciones previas, se libraron 20 órdenes de aprehensión y se ordenaron 8 autos de formal prisión».
Pero los casos más importantes de investigación, dice el Informe, se centraron en imputar la responsabilidad de las autoridades del más alto nivel en las matanzas de Tlatelolco, Jueves de Corpus y en la desaparición forzada de personas vinculadas a la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Pese a que se logró acusar de genocidio y desaparición forzada de personas al ex presidente Luis Echeverría y a otros exfuncionarios, como Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, éstos fueron liberados ante la falta de elementos para determinar el genocidio, por la prescripción del delito y por reformas legales «a modo», como las hechas al Código Penal en 2004 y 2006 que establecieron que las personas mayores de 70 años de edad cumplieran su pena en su domicilio y la derogación del delito de violación de derechos y garantías constitucionales.
Al momento, señala el informe, no hay una sola sentencia condenatoria y sí un acceso restringido a los archivos históricos que siempre se han encontrado bajo resguardo, falta de transparencia de las instituciones creadas y el cierre de la Fiscalía en noviembre de 2006.
La Femospp, concluye el documento, utilizó figuras jurídicas inadecuadas para la clase de crímenes que investigaba como privación ilegal de la libertad en la modalidad de plagio o secuestro en lugar de desaparición forzada de personas.
Entre sus recomendaciones plantea que el Estado mexicano deberá informar públicamente cuál es el estado de la justicia transicional en el país, así como hacer públicos todos los documentos históricos utilizados por la Femospp.
Asimismo, le exhorta a replantear el proceso de justicia transicional con la participación de la OACNUDH y de organizaciones civiles. Y éstas, a su vez, solicitar a los mecanismos internacionales de Naciones Unidas dar seguimiento y evaluar dicho proceso.
08/LGL/GG
