La directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) Alejandra Nuño, lamentó la política de simulación que el Estado mexicano mantiene ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) como el cumplimiento de las sentencias de las indígenas tlapanecas violadas por militares y las medidas provisionales para 107 defensoras y defensores de derechos humanos (DH).
Durante la audiencia pública que hoy se llevó a cabo en la sede de la CoIDH, en San José, Costa Rica, para conocer sobre estas medidas que el Estado mexicano tenía que implementar para 107 defensoras y defensores de Guerrero y de la familia de tres víctimas de presunta desaparición forzada en Chihuahua, éste minimizó los riesgos a los que se enfrentan las y los activistas.
En entrevista con Cimacnoticias, Alejandra Nuño, directora de Cejil dijo que las y los defensores mexicanos enfrentan grandes dificultades para realizar su labor sin que el Estado tome acciones para protegerlos.
Informó que durante la audiencia de este día, los representantes de la comitiva mexicana lejos de aclarar los avances y retrocesos en las medidas de seguridad otorgadas a las y los activistas, hicieron alusión a la reforma constitucional en materia de DH que entró en vigor el 11 de junio.
Destacaron el diálogo entre Felipe Calderón y los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que se llevó a cabo en el Castillo de Chapultepec, como una muestra de la voluntad política del Estado mexicano para avanzar en estos procesos.
Por su parte, los beneficiarios de las medidas de seguridad tuvieron que aclarar que éstas no han funcionado toda vez que desde el 9 de abril de 2009 cuando la CoIDH las solicitó, se han presentado 28 actos violentos o de amenazas, mismos que derivaron en 14 Averiguaciones Previas.
En entrevista con Cimacnoticias, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», dijo que este desdén es una forma de justificar sus omisiones para garantizar la seguridad de las y los derecho-humanistas.
Rosales Sierra explicó que los representantes del Estado mexicano, encabezados por la titular de la Unidad para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría e Gobernación, Omeheira López Reyna, refirieron que sólo hay 20 activistas en riesgo.
Para los representantes de las víctimas tal argumentación es falsa, ya que en la realidad el riesgo es colectivo pues cada vez surgen amenazas contra las organizaciones. Por ello exigieron que las medidas provisionales no se levanten y que se mejoren.
Las medidas de seguridad fueron otorgadas a 107 defensores, entre ellos, la activista Obtilia Eugenio Manuel, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, así como a Inés Fernández Ortega, víctima de violación sexual cometida por elementos del Ejército en 2002.
Asimismo fueron beneficiados los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, asesinados en febrero de 2009.
Durante la audiencia las y los activistas de Tlachinollan denunciaron ante la CoIDH la falta de la implementación de las sentencias de los casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega (Inés y Valentina) y que éstas últimas no han sido trasladadas al fuero civil, lo que continúa generando una situación de riesgo permanente para ambas indígenas.
El Estado mexicano deberá seguir presentando sus informes bimestrales sobre estos casos, y en el próximo escrito que haga llegar a la CoIDH agregar la información que hoy presentó.
Por su parte las organizaciones también harán llegar sus observaciones y después el alto tribunal podrá emitir una resolución sobre este tema.
11/AGM/LGL
