El Estado mexicano le pidió perdón a Estela García Ramírez por el asesinato de su esposo Celerino Jiménez Almaraz, perpetrado por agentes policiacos en abril de 1997, y se comprometió a la reparación del daño por un proceso judicial ineficaz en el que ninguno de los responsables del crimen ha sido encarcelado.
Después de 14 años de buscar justicia en memoria de su esposo, la mujer confió que el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado se traduzca en justicia con el cumplimiento cabal de todos los compromisos para la reparación del daño y la adopción de medidas cautelares.
En conferencia de prensa, Estela García Ramírez explicó que la aceptación de la responsabilidad por la ejecución extrajudicial, ocurrida en San Mateo Río Hondo, municipio de San Agustín Loxicha, se presentó la semana pasada en el 141 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
El indígena zapoteco Celerino Jiménez Almaraz fue secuestrado por agentes judiciales del estado de Oaxaca, encabezados por el entonces comandante Lucio Vásquez Ramírez. Jiménez Almaraz, quien fue acusado de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), apareció ejecutado días después.
La representante de la organización Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Carmen Herrera García, quien acompañó a Estela en su búsqueda de justicia, comentó que el Estado reconoció irregularidades en el proceso de uno de los presuntos responsables por el asesinato del indígena entre ellos el entonces comandante de la Policía Judicial del Estado y ex presidente municipal de San Agustín Loxicha Lucio Vásquez Ramírez.
«La señora Estela no encontró justicia en las instancias estatales ni nacionales pero se enfrentó ha amenazas y hostigamiento de parte de grupos de agentes perpetradores y, en particular, de Lucio Vásquez Ramírez, autor material de los disparos que privaron de la vida a su esposo», denunció.
Destacó que el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, está obligado a aplicar medidas tendientes a reparar los daños ocasionados a la viuda.
La abogada observó que el gobierno federal obligó a la administración estatal a continuar la investigación y a hacer público el expediente contra los autores de los hechos, quienes hasta ahora siguen en la impunidad.
Cabe señalar que Lucio Vázquez Ramírez está sujeto a proceso en la penitenciaria de Juchitán por otro delito.
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