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Estado se lava las manos en casos de agresión contra las periodistas

Por Yunuhen Rangel Medina

He recibido amenazas de muerte desde el año pasado y recibí amenazas directas de los funcionarios desde el momento en que publiqué la investigación sobre los contratos del fallecido secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y ahora con la información sobre el empresario Jesús Zaragoza López, sin contar con ninguna garantía por parte del Estado mexicano.

Así lo declaró en entrevista a Cimacnoticias la periodista Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, quien agregó que aun cuando el Gobierno federal tiene conocimiento de lo que está ocurriendo, se ha lavado las manos “Yo no sé si sea por el financiamiento que Jesús Zaragoza –como él mismo me dijo en entrevista– le dio al presidente Felipe Calderón”.

El año pasado, Ana Lilia Pérez entregó a Andrés Manuel López Obrador los documentos que evidenciaban el tráfico de influencias de quien fue Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y posteriormente realizó otra investigación en la que denunció al empresario Jesús Alonso Zaragoza, socio mayoritario de la empresa Zeta Gas, por los supuestos beneficios por parte de la actual administración.

“Los funcionarios se echaron contra mí. Hace ya un año que publiqué ese trabajo que sigo pagando los costos de ejercer mi oficio, que además es mi obligación. Es el compromiso social de los periodistas porque es una investigación que revelaba a todas luces actos de corrupción.”

En estos días, explicó Ana Lilia, se cumple un año de que publiqué el asunto de los contratos de Juan Camilo Mouriño, el ya murió y yo sigo pagando el acoso derivado de ésta y otras investigaciones periodísticas sin tener garantías por parte del Estado ni a mi libertad de expresión ni a la de mi ejercicio periodístico.

En el caso de Jesús A. Zaragoza sucede lo mismo, el empresario la acusa de daño moral al publicar las entrevistas que él mismo le concedió y a la primera audiencia se le permitió ingresar con guardaespaldas armados, afirmó Ana Lilia.

“Eso es lo que hemos denunciado, que hay agresiones directas en los juzgados, el abogado del señor Zaragoza llegó con amenazas directas de muerte hacia mí y el director de la revista”, expresó refiriéndose a Miguel Badillo, director y dueño de la revista Contralínea.

ALGO ESTÁ MUY MAL CON LA JUSTICIA

Por otro lado, reconoció que no hay garantías para la protección de los periodistas en el ejercicio de su profesión, “Cuando empieza así un juicio, por un asunto que debía ser administrativo, porque así lo tipifica la ley, te queda claro que algo está muy mal y que no esperas nada de ese juicio”.

“A mí no se me permitió declarar para defenderme, el juez me declaró confesa en el caso.” Funcionarios me han dicho –en corto, como decimos—que están muy preocupados por mi situación pero que no pueden garantizar mi integridad, acusó. Estos mensajes los he recibido sobre todo de la Secretaría de Gobernación directamente, afirma la periodista.

Se trata de una situación, aseguró, de judicializar la libertad de expresión, y estas son las nuevas formas de inhibir el ejercicio periodístico –en el mejor de los casos– en otros te violentan y asesinan, aseguró, y eso es un daño no solo personal a los periodistas sino a la sociedad completa al coartar su libertad de ser informado, explicó.

Los legisladores hablan de cifras, dijo, pero no se han preocupado por evitar que estos asesinatos sigan sucediendo, no existe, dijo, una legislación garante de los derechos de los periodistas en el ejercicio de su profesión y de su compromiso social.

“Yo soy un testigo de ese acoso, que aun puedo comentarlo, sin embargo hay casos que simplemente se quedan en estadísticas de tantos compañeros muertos por ejercer su profesión”, advirtió.

Este problema, consideró, se vuelve más grave cuando se trata de periodistas mujeres, no solo tienes que lidiar con el problema de la libertad de expresión sino también con la discriminación por el hecho de ser mujeres.

“Además tienes que enfrentar eso, ya no solo es el que estés investigando a los funcionarios sino que, como eres mujer, consideran que tiene menos valor”, afirma. Me parece que en casos como el de Carmen Aristegui, Teresa y Felícitas, Lydia Cacho, en los que se ha violado el derecho a informar, hay mucha cuestión de género y en ese sentido mucha saña”.
“Las quitan de los espacios en los medios –que además son públicos– o las asesinan dejando ese hueco también informativo en su comunidad”.

Por eso, detalló, “no cedí a los ofrecimientos de dinero que me hicieron no solo el empresario Jesús Zaragoza López sino a diversos funcionarios que he investigado, han buscado la manera de acosarme, de seguirme en la calle, de hacerme fotografías, de hacerme este tipo de mensajes de que no pueden garantizar mi seguridad que hacen los funcionarios por tratar de menospreciar lo que está pasando”.

Nosotros seguimos sin una buena legislación y ellos –los funcionarios– siguen en su lugar: “Mario Marín sigue de gobernador, Kamel Nacif sigue de empresario recibiendo subsidios del Gobierno federal, el empresario Jesús Zaragoza sigue con sus grandes proyectos, apoyado por secretarios de Estado”, detalló.

Por otro lado las y los periodistas siguen siendo asesinados, desaparecidos, hostigados y acusados con leyes que incluso algunas han sido derogadas, indicó, “no puede ser que una fiscalía abra una investigación cuya discusión central sea el acreditar o no que alguien sea periodista, cuando ya fue asesinado por ejercer su profesión”, como en el caso de las comunicadoras triquis asesinadas.

“Se desvían los funcionarios con toda la intención para no entrar al meollo del asunto, es decir, qué es lo que esta investigando la o el periodista al momento de ser agredido. Ese debía ser el tema de discusión”, señala.

Así, consideró Ana Lilia, la atención del gremio periodístico y la sociedad debe estar centrada en los acontecimientos que están sufriendo actualmente las y los compañeros y deben ser registrados y reclamados, por que no es una prebenda del gobierno sino su obligación, dejarnos informar y dejarnos ser informados.

De este modo, dijo, las expectativas en su caso están puestas en los organismos internacionales de derechos humanos y los organismos que vigilan que el Estado mexicano cumpla con los acuerdos internacionales que ha ratificado en materia de libertad de expresión que, además, deberían estar garantizados para todos los mexicanos, porque así lo manda la Carta Magna, aseguró.

Comentó Ana Lilia que el relator de Naciones Unidas en materia de libertad de expresión tuvo ya conocimiento de su caso, por que el Centro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez le hizo ya un informe al respecto.

Finalmente advirtió: “He manifestado que yo no voy a dejar de investigar asuntos de corrupción que incluso involucran a los mismos funcionarios que han ejercido este acoso en contra mía”, concluyó.

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