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Estados deben garantizar libertad de expresión durante proceso electoral

Por Redaccion

Ante la creciente amenaza que se ha manifestado en época de elecciones, como la intimidación, las agresiones físicas y la imposición de restricciones legales que atentan contra la libertad de expresión, representantes de mecanismos internacionales para la Promoción de la Libertad de Expresión emitieron una declaración conjunta donde señalan las condiciones que deben propiciar los Estados para generar un entorno plural en la expresión de ideas.

Signan la declaración: Catalina Botero, relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión; Faith Pansy Tlakula, relatora Especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP); Frank LaRue, relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión; y Miklos Haraszti, representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación.

En su comunicado, titulado “Medios de Comunicación y Elecciones”, las y los firmantes señalan que estas medidas deben incluir, entre otras, el requisito de transparencia acerca de la propiedad de los medios de comunicación, el otorgamiento de licencias a distintos tipos de emisoras a fin de promover la diversidad, la creación de normas destinadas a prevenir la concentración indebida de la propiedad de los medios de comunicación y la adopción de medidas para promover la diversidad de contenidos.

También expusieron que deben derogarse las leyes que restringen de manera ilegítima la libertad de expresión, en contravención a las garantías internacionales y constitucionales, y mencionan que cuando tales leyes aún se encuentren vigentes durante una campaña electoral, las autoridades deben aplicar las garantías constitucionales o internacionales que protegen la libertad de expresión.

Asimismo, señalan que los Estados deben establecer sistemas efectivos para prevenir las amenazas y agresiones contra los medios de comunicación y otros actores que ejerzan su derecho de libertad de expresión, así como para investigar tales agresiones cuando se produzcan, como juzgar a los responsables y resarcir a las víctimas.

De acuerdo con el comunicado, los medios de comunicación deben tener la libertad de informar sobre cuestiones electorales y no deben ser responsabilizados por difundir las declaraciones ilícitas que realicen de manera directa los partidos o candidatos —tanto en el marco de la transmisión en directo como de la publicidad—, a menos que un tribunal establezca la ilegitimidad de las declaraciones, o estas representen una incitación directa a la violencia y el medio en cuestión haya tenido la posibilidad de impedir su difusión.

Entre las observaciones que señalan para el ejercicio de la Libertad de Expresión, los firmantes exponen la obligación de las figuras políticas, entre ellas los candidatos, de mostrar un mayor grado de tolerancia frente a las críticas de los ciudadanos comunes.

Asimismo, advierten, debe reconocerse a los partidos o candidatos que hayan sido difamados de manera ilegítima o que hayan sufrido algún perjuicio ilegítimo como resultado de declaraciones formuladas en los medios de comunicación durante un período electoral, el derecho a que se rectifiquen inmediatamente tales declaraciones o a reclamar una reparación ante los tribunales de justicia.

También debe considerarse ilícita la asignación y el cobro por parte de los medios de comunicación de publicidad oficial según criterios discriminatorios basados en la opinión política u otras razones similares.

El control de las normas relacionadas con los medios de comunicación y las elecciones debe estar a cargo de un órgano administrativo independiente, el cual debe responder a las denuncias con celeridad. Las decisiones de este órgano deben estar sujetas a control judicial.

Estas medidas deben incluir, entre otras, el requisito de transparencia acerca de la propiedad de los medios de comunicación, el otorgamiento de licencias a distintos tipos de emisoras a fin de promover la diversidad, la creación de normas destinadas a prevenir la concentración indebida de la propiedad de los medios de comunicación y la adopción de medidas para promover la diversidad de contenidos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS

De acuerdo con el documento, durante un período electoral, todos los medios de comunicación públicos, incluidas las emisoras de servicio público, deben tener las siguientes obligaciones:

Asegurarse de que el electorado reciba información sobre cuestiones electorales, como el rol de las elecciones en la democracia, la forma de ejercer su derecho de voto, los principales temas electorales y las posiciones en cuanto a políticas que sostienen los distintos partidos y candidatos que se disputan la elección. Normalmente, esto requiere formular preguntas a los distintos líderes y candidatos, así como organizar debates entre tales candidatos.

Respetar normas estrictas que aseguren la imparcialidad y el equilibrio, en especial al informar sobre los partidos políticos gobernantes y las decisiones y los actos del gobierno durante un período de elecciones.

Esto implica también brindar una cobertura igualitaria de los argumentos a favor de todas las partes durante un referéndum.

Otorgar a todos los partidos y candidatos un acceso igualitario a los medios de comunicación para que transmitan sus mensajes directamente al público, ya sea en forma gratuita o a un costo subvencionado. El acceso igualitario equivale a un acceso justo y no discriminatorio concedido en función de criterios objetivos que midan el nivel de apoyo general e incluye otros factores como la oportunidad del acceso y los cargos a los cuales se quiere acceder.

Asegurarse de que las encuestas de opinión y los pronósticos electorales se difundan con suficiente información para que el electorado comprenda adecuadamente su relevancia.

09/LAG/GG

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