El pasado 18 de julio, varias organizaciones no gubernamentales expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe regional centroamericano sobre la situación de las trabajadoras en la maquila, destacando la responsabilidad de los Estados por diferentes violaciones a sus derechos.
Las organizaciones señalaron que la mayoría de los puestos de trabajo en las maquilas son ocupados por mujeres, cuyas edades oscilan entre los 18 y 24 años. Sus niveles de escolaridad son bajos y generalmente son mujeres jefas de hogar. Estos y otros factores que fueron citados las colocan en una situación de especial vulnerabilidad frente a los hombres.
Las trabajadoras son sometidas a jornadas excesivas de trabajo por las cuotas de producción que les son exigidas, trabajan en condiciones de hacinamiento, con poca luz y ventilación, y en ambientes ruidosos. Son obligadas a estar de pie o sentadas durante toda la jornada laboral realizando movimientos repetitivos, lo que les ha provocado graves lesiones a su integridad física. Por otro lado, cuando son despedidas no les cancelan las prestaciones laborales que por ley les corresponde.
Frente a esta realidad, los mecanismos establecidos por los Estado no son efectivos para garantizar los derechos de las mujeres trabajadoras en la maquila.
Por ejemplo, las inspecciones laborales que los Ministerios de Trabajo de la región están llamadas a hacer para verificar las condiciones de trabajo no son efectivas porque no hay funcionarios suficientes que realicen estas inspecciones, las que se efectúan no se hacen con la prontitud y constancia que se requiere y en muchos casos los informes finales de los inspectores no toman en cuenta los testimonios de las trabajadoras.
Además, no son pocas las veces en que el Ministerio de Trabajo asesora a las trabajadoras para que acepten las indemnizaciones que ofrecen los patronos aún y cuando estas están por debajo de lo establecido en las leyes.
La justicia laboral tampoco es efectiva. Cuando las trabajadoras no tienen otra opción que recurrir a los tribunales, deben enfrentar largos y costosos procesos judiciales y en aquellos casos donde obtienen sentencias favorables, estas no son ejecutables por las trabas legales para los embargos y por la escasa o nula garantía que debe prestar el empresario de la maquila.
Las organizaciones también se refirieron a disposiciones legales existentes en algunos Estados que obstaculizan la formación de sindicatos o cualquier otra forma de asociación en las maquilas. Aquellas mujeres que lideran procesos de asociación son despedidas e introducidas en listas negras, lo que impide su contratación por otras empresas.
Ante la gravedad de la situación expuesta, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Concertación por un Empleo Digno en la Maquila de El Salvador (CEDM), el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), el Centro de los Derechos de las Mujeres (CDM), la Colectiva de Mujeres de Honduras (Codemu), el Equipo de Reflexión e Investigación de la Compañía de Jesús (Eric), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala (CALDH), solicitaron a la Comisión Interamericana que el tema de las trabajadoras de la maquila fuera abordado por su Relatoría para derechos de las mujeres, que exhortara a Nicaragua y a Honduras a ratificar el Protocolo de San Salvador que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales y que hiciera prontas visitas a la región para constatar lo expuesto.
07/GG
