Estancia irregular posibilita que se incrimine a las migrantes

Más de mil personas migrantes de Centroamérica, de las que 6 por ciento son mujeres, están en prisión en México porque fueron acusadas de algún delito; sin embargo, en la mayoría de los casos no se respeta su debido proceso, padecen obstáculos para comunicarse con sus familias, y se violentan sus Derechos Humanos (DH), dijeron especialistas.
 
El informe “Migrantes en prisión. La incriminación de migrantes en México”, que elaboró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en colaboración con el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, documenta las dificultades y vejaciones que enfrentan las personas migrantes centroamericanas recluidas en México.
 
Además, según las conclusiones del documento, las y los expertos advirtieron la posibilidad de que a algunas de las y los migrantes se les hayan imputado o fabricado delitos que no cometieron, pero que por su estancia irregular se encontraron en mayor vulnerabilidad para ser incriminados.            
 
En México hay mil 219 personas de origen centroamericano en prisión; de ellas, 972 estaban en centros estatales de readaptación social, y 247 en centros federales; en éstos hay 17 mujeres, y en los estatales hay 57 mujeres, de acuerdo con las cifras del informe.
 
Según el estudio, el Estado mexicano no les garantiza (aunque es un deber asentado en los acuerdos internacionales que firmó) a las y los migrantes que fueron consignados su derecho a la integridad personal y a no recibir tortura y malos tratos, ni su derecho a la no discriminación y a ser tratados igual que las y los connacionales.
 
En prisión, la población migrante no tiene garantizado su derecho a la libertad personal para que si su proceso dura más del tiempo razonable lo lleve fuera de prisión.
 
Tampoco hay respeto a su derecho al debido proceso, ya que no siempre son asistidas y asistidos gratuitamente por un intérprete, no se les brinda comunicación previa y detallada sobre la acusación, no se les conceden los medios y el tiempo para la preparación de su defensa, y no se les informa sobre su derecho de defenderse personalmente, a tener una defensa proporcionada por el Estado, a interrogar a testigos, a no ser obligado a declarar o a impugnar el fallo del juez.
 
Tampoco se les garantiza su derecho a la presunción de inocencia ni asistencia consular para mantener comunicación continua con alguna representación legal de su país.
 
Además, dentro de las prisiones las personas migrantes inculpadas por delitos (los hayan cometido o no) enfrentan sobrepoblación, insuficiente accesos a servicios de salud, tortura e inseguridad.
 
A lo que se suman las dificultades de comunicación con sus seres queridos (hijas, hijos, esposos o padres), ya que hay muchos obstáculos para que las familias consigan visas, viajen a México y consigan recursos para mantener las necesidades de las y los reclusos.
 
Las y los expertos que elaboraron el informe solicitaron a las autoridades mexicanas que detengan sus prácticas abusivas en contra de las personas centroamericanas que cruzan el territorio nacional, y tomen medidas coordinadas para evitar que esta población siga siendo criminalizada por la policía, el Ministerio Público y las autoridades judiciales.
 
Igualmente, que elaboren conjuntamente un diagnóstico serio sobre las personas centroamericanas en reclusión a fin de detectar casos en los que los delitos sean falsos.
 
La mayoría de las personas centroamericanas en cárceles mexicanas son de origen guatemalteco y hondureño; y, a la inversa que los varones, la mayoría de las mujeres en centros federales ya fue sentenciada (11) y el resto (6) aún está siendo procesada. 
 
De acuerdo con el documento, los delitos por lo que las mujeres son consignadas con más frecuencia son trata de personas y lenocinio, delitos contra la salud, delitos sexuales, homicidio y robo.                  
 
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