Después de que las esterilizaciones forzadas alcanzaron la atención internacional y del gobierno mexicano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación sobre el tema, que la Secretaría de Salud se dijo dispuesta a analizar con «la seriedad que amerita».
Ese último compromiso fue expresado por el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, quien aseguró que bastaría con un solo caso para actuar con celeridad, y negó que la esterilización forzada sea una práctica «generalizada». Con el último calificativo, el funcionario aceptó de manera tácita que el problema existe.
Sin embargo, el reconocimiento oficial vino del presidente Vicente Fox; del secretario de Gobernación, Santiago Creel, y de la nueva secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Elena Zúñiga, quienes el pasado 11 de julio se comprometieron a acabar con las esterilizaciones forzadas.
Lo anterior ocurrió en el «Día de la Población», cuando los funcionarios presentaron el Programa Nacional de Población que perfilará las políticas demográficas durante lo que resta del sexenio y que se propone alcanzar una tasa de fecundidad de 1.4 hijos por mexicana.
La recomendación emitida el domingo 22 de diciembre por el ombudsman José Luis Soberanes Fernández acusa al gobierno de haber obligado a indígenas a utilizar métodos de anticoncepción, bajo amenazas de retirarles apoyos contra la pobreza, como el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa).
La CNDH pidió a la Ssa y a los gobiernos estatales cumplir la norma oficial mexicana para los servicios de planificación familiar en lo tocante al consentimiento informado, lo que incluye acceso a información en lenguas indígenas.
Aunque el número de denuncias por esterilización forzada no se compara con el de Perú, el tema cobró fuerza en el sexenio pasado, por estar vinculado a programas oficiales y ofertas electorales.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante las 23 expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), también pidió cuentas al gobierno foxista sobre las esterilizaciones en agosto pasado.
Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz son los estados donde desde finales de la década pasada se han reportado estas violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las indígenas.
En el 2000 destacó el llamado de 32 mujeres de Ayutla de los Libres, Guerrero, que a través de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos enviaron una denuncia a las autoridades de salud y al ombudsman estatal sobre las amenazas como método para imponer los programas de salud.
EXTERMINIO INDÍGENA
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) concluye en su más reciente informe que «la autoexclusión de los programas para la anticoncepción se explica por este tipo de metas poblacionales, lo mismo que por la alta tasa de abortos y mortalidad de menores de dos años», que entre las indígenas es 58 por ciento mayor que la media nacional.
Los grupos indígenas de México tienen un retraso de 20 a 30 años en el desarrollo socioeconómico, respecto al resto de la población nacional. Y sus niveles de salud reproductiva son comparables a los de algunos países de África o de los menos desarrollados de América Latina, según datos de la ONU.
Considerar la esterilización bajo engaño o coerción como un exterminio indígena es un punto de vista que comparten las organizaciones indígenas nacionales, como en el caso de la OIMPT.
Pero también es una voz de alarma internacional, pues la práctica se ha denunciado recientemente en grupos en vías de extinción como los ainu en Japón o los aymara en América del Sur.
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