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Estrategia anticrimen de Calderón agravó violencia de género

Por Gladis Torres Ruiz
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Durante el próximo sexenio el Estado mexicano deberá poner en práctica mecanismos de supervisión y sanción a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los del Poder Judicial, que discriminen a las mujeres y que se nieguen a proteger sus derechos.
 
En sus “Observaciones finales sobre México”, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) le solicita lo anterior al Estado mexicano, además de que debe capacitar de manera sistemática sobre derechos de las mujeres a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
 
También debe brindar capacitación en ese sentido a las fuerzas del Ejército y la Armada que participan en operaciones de seguridad pública, y establecer y hacer cumplir un código estricto de conducta a fin de garantizar el respeto de los Derechos Humanos (DH).
 
En sus “Observaciones finales”, dadas a conocer recientemente y las cuales son de carácter obligatorio, el Comité de la CEDAW señala que le preocupa que las mujeres se vean sometidas a niveles cada vez mayores de violencia en el hogar, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, y en particular el feminicidio perpetrado por agentes estatales, incluidos funcionarios y fuerzas de seguridad, así como por agentes no estatales como grupos de delincuentes organizados.
 
El Comité añade que es alarmante que la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes, hayan contribuido a la intensificación de pautas ya existentes de discriminación y violencia generalizadas contra las mujeres, basadas en actitudes patriarcales, tendientes a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible.
 
Por ello exhorta al Estado mexicano a revisar su estrategia de seguridad pública y adaptarla a los tratados internacionales de DH, incluida la CEDAW, e invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres, cumpliendo sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia de género.
 
El Estado debe investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, independientemente del contexto y de los presuntos responsables.
 
El Comité de la CEDAW aclara que si bien hay progresos legislativos federales en materia de derechos de las mujeres, los diferentes niveles de autoridad y competencias dentro de la estructura federal del Estado acarrean una aplicación diferenciada de la ley, según se haya llevado a cabo o no una armonización adecuada de la legislación pertinente en el plano estatal.

“Esta situación da lugar a disposiciones discriminatorias contra las mujeres o a definiciones y sanciones distintas en relación, entre otras cosas, con la violación, el aborto, las desapariciones forzosas, la trata de personas, las lesiones y el homicidio llamado de honor”.
 
Por lo que solicita al Estado adopte medidas para eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, estatal y municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y municipal el principio de la no discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres, y derogando las disposiciones discriminatorias contra las mujeres.
 
También pide acelerar esfuerzos para armonizar de manera coherente la legislación penal, procesal y civil con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o las leyes locales en materia de violencia de género con la CEDAW, así como establecer mecanismos efectivos en los planos federal y estatal para su supervisión.
 
El pasado 17 de julio, durante la 52 sesión del Comité de Expertas de la CEDAW, el gobierno de México fue evaluado sobre el cumplimiento de esa Convención (aprobada en 1979 y signada por México en 1981), sobre los reportes 7 y 8 que entregó en septiembre de 2010.
 
De esa evaluación surgieron las recomendaciones y las “Observaciones finales”, dadas a conocer el 27 de julio y el 7 de agosto, respectivamente. Ambas son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano por tratarse de un acuerdo internacional en materia de DH. Su cumplimiento deberá ser incluido en el próximo reporte programado para 2016 o cuando le sea solicitado por la ONU.
 
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