El Estado mexicano trabaja en una estrategia para aminorar el peso de la próxima sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al buscar que Valentina pruebe que fue víctima de violación sexual a manos de militares, pero además sostiene que después de ocho años de lo ocurrido la investigación ha tenido nuevos avances.
De acuerdo con Vidulfo Rosales Sierra, abogado e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» -uno de los litigantes del caso que tiene acceso a los informes del Estado mexicano- aunque las autoridades mexicanas se han defendido argumentando «avances en la investigación», estos no existen, o al menos -dijo- «no los conocemos».
Durante la audiencia pública que la CoIDH celebró, el 27 de mayo pasado en Costa Rica, para conocer el caso de Valentina Rosendo Cantú, el Estado mexicano refutó su responsabilidad diciendo que «la presunta violación sexual no se acreditó» debido, entre otras causas, a que sólo se contaba con el «testimonio» de la supuesta agraviada; una estrategia que, a decir de Rosales Sierra, tiene un transfondo particular.
«Significa que el Estado mexicano trata de arrojar la carga de la prueba en Valentina», es decir, que ella señale a sus agresores y que caiga en contradicciones, así lo expresó el abogado en entrevista con Cimacnoticias.
Al concluir la audiencia de la CoIDH, Rosales Sierra, explicó que esta es «una actitud lamentable del Estado mexicano» ante el caso de esta indígena tlapaneca, originaria de Barranca Bejuco, una comunidad de Guerrero, y agregó que es contradictorio que el Estado mexicano reconozca «algunas» responsabilidades, mientras evade otras.
Cabe mencionar que la comitiva acreditada fue encabezada por Armando Vivanco Castellanos, director de Democracia y Derechos Humanos de Relaciones Exteriores, y otros funcionarios que Tlachinollan consideró de «bajo perfil» y que además tuvieron una participación «casi nula» durante la audiencia.
Fue Vivanco Castellanos quien aceptó la irresponsabilidad del Estado mexicano en la investigación de este caso al admitir que no hubo una adecuada diligencia, que se retardó el acceso a al justicia, no se protegió a la víctima en su carácter de niña, y en conclusión, que hubo una actuación deficiente de las autoridades responsables.
PRUEBAS CONTUNDENTES
El Estado mexicano también señaló que no se acreditó la violación, ni la responsabilidad de elementos del ejército mexicano; cuando, a decir de Rosales Sierra, se cuenta con seis testimonios que avalan la declaración de Valentina y con mapas y cartografías que indican que en la fecha de la agresión -16 de febrero de 2002- el 41 batallón de infantería del ejército realizaba la Operación Azteca (para buscar droga en la zona) en esa región tlapaneca.
Valentina, de ahora 25 años, fue agredida cuando era una niña, aún así, su caso quedó en la impunidad por ocho años, pero el Estado mexicano argumenta que el expediente «está abierto y que hay nuevos avances», aunque en la audiencia este se negó a dar más información so pretexto de que todo el informe se enviará con posterioridad a la Corte.
Cuestionado acerca de estos presuntos avances del Estado mexicano, Vidulfo Rosales enfatizó «no conocemos de esos avances, la investigación se encuentra en la etapa inicial de primeras probanzas».
Sólo se cuenta con las declaraciones de los testigos, de los probables responsables, con pruebas médicas deficientes y con el reconocimiento de los responsables que Valentina hizo en agosto de 2009, es decir la investigación continúa en la etapa inicial después de ocho años de lo ocurrido, señaló el abogado.
Es por ello que –dijo- el Estado mexicano tiene una clara estrategia para exigir que Valentina sea quien identifique a los responsables, cuando en realidad ésa es una tarea del Estado mexicano, a través de las instituciones correspondientes.
Además señaló que el Estado se defiende igual que lo hizo a principios de 2009 cuando abrió una investigación que ya había cerrado, claro, antes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera su informe de fondo, el 27 de marzo de ese año.
A pesar de este panorama, la defensa de Valentina, integrada por Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), esperan que ese tribunal internacional condene al Estado mexicano por violar el derecho a la integridad física y a la salud, y en consecuencia, se dicten medidas de reparación del daño que eviten la repetición de estos hechos.
Finalmente Rosales Sierra dijo que probablemente en noviembre o diciembre próximos, la CoIDH emita la sentencia de los casos de Valentina e Inés, otra mujer tlapaneca violada por militares en 2002 en Guerrero.
Cabe mencionar que estas sentencias se darán a casi un año de las dos condenas que México recibió por el caso del feminicidio de tres de 8 mujeres en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez y por la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco a manos del ejército mexicano.
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