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Estratégicas y coyunturales

Por Clara Jusidman*

El día 19 de enero en Monterrey por invitación del Instituto Estatal de la Mujeres y de su directora, María Elena Chapa –una destacada y comprometida defensora de los Derechos Humanos de las mexicanas–, nos reunimos un grupo de mujeres para hacer “Un alto en el camino” –como se denominó al evento– a 15 años de la V Conferencia de la Mujer que tuvo lugar en Beijing.

Nos reunimos varias mujeres de la academia, algunas legisladoras y escucharon el debate directoras de institutos estatales de la mujer del país.

El propósito de la reunión era reflexionar sobre el fundamento político en el cual se encuentra ubicada la Plataforma de Acción de Beijing (PAB) en México, para poder revisar el avance en cada una de las 12 áreas de preocupación incluidas en esa Plataforma.

En general, se hizo un reconocimiento a los avances logrados en la institucionalidad encargada del tema con la creación de institutos de las mujeres en el país, aunque se señaló la debilidad política y presupuestal de varios de ellos y en ocasiones, su aislamiento frente a otras agencias del Estado.

También se reiteraron los avances que en materia legislativa se han logrado en la protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo se reconoció el déficit que aún existe en la armonización de legislación federal y estatal, respecto de los instrumentos internacionales como la CEDAW y la prevalencia de diferencias importantes entre estados en la protección de esos derechos que desde mi óptica, generan ciudadanías diferenciadas entre las mujeres en nuestro país.

Varias participantes expresaron preocupación por la falta de aplicación concreta de mucha de la legislación y de obstáculos para hacerlo, como acaba de ocurrir con la solicitud de establecer una alerta de género en el Estado de México por el feminicidio.

No dejaron de mencionarse los retrocesos que se han venido viviendo por cambios en las legislaciones estatales al obstaculizarse la interrupción del embarazo aún por causas totalmente razonables como pudieran ser las violaciones o los riegos de vida de las mujeres. Dos datos preocupantes se mencionaron: un repunte de la tasa de mortalidad materna (por cien mil nacidos vivos), un indicador que sintetiza la situación del bienestar de las mujeres, y que en 2005 era de 55.6 y se elevó a 57.0 y un aumento de la fecundidad adolescente.

En general, mi apreciación del sentimiento que dominaba el diálogo era que se reconocía que sí había avances pero que por diversas razones, existían obstáculos que impedían que estos fueran a plenitud y que subsistían amenazas que podían echar para atrás todo lo ganado.

En mi caso me correspondió hablar sobre acciones concretas: estratégicas y coyunturales en la agenda de género, más allá del 2012.

Sugerí que si el deterioro institucional y la falta de acuerdos entre los partidos políticos se mantenía o incluso profundizaba por las campañas negras en las elecciones del 2012, la agenda de género para después de ese año continuaría siendo una agenda para defender los logros alcanzados en materia de igualdad, tanto respecto de las necesidades prácticas de las mujeres (acceso a la educación, al empleo, a la vivienda, a la seguridad social, a las pensiones, a la salud, etc.), como de las necesidades estratégicas en las relaciones de poder desde las familias hasta las instituciones del Estado. Es decir, impedir a toda costa mayores retrocesos.

Aun una agenda defensiva será difícil de concretar por el desinterés de políticos, funcionarios y medios de comunicación en la agenda de género, por la cultura machista del crimen organizado y por el debilitamiento de las organizaciones de mujeres y de su articulación.

Seguramente aumentarán las problemáticas emergentes de trata y tráfico, feminicidio, pederastia, migración; y como producto de la guerra: incremento de viudas, huérfanos y personas con discapacidad; y el surgimiento de poblaciones desplazadas. Es decir, los temas del área de preocupación 5 de la Plataforma de Beijing referida a las mujeres frente a los conflictos armados.

En un escenario positivo, en cambio, en el que se lograran armar gobiernos de coalición con consensos amplios que permitieran avanzar en la Reforma del Estado y un Nuevo Pacto Social, las mujeres tendríamos que participar en la reconstrucción nacional, para impedir la restauración de políticas y prácticas inequitativas.

Las mujeres tendríamos que contribuir a repensar el Estado en clave de igualdad sustantiva de género y de superación de las desigualdades estructurales; un Estado que se preocupe por articular los recursos de todos y todas para generar un ambiente de respeto y realización de los derechos humanos de todos los habitantes del país, en su diversidad y pluralidad de género, generación, etnia, raza, religión, nivel socioeconómico, condición física y mental.

Apostar a la construcción de una agenda y cultura de paz que aumente las capacidades al nivel de las familias, las escuelas, las comunidades, las ciudades y los pueblos para enfrentar el conflicto y la violencia mediante el diálogo, la participación democrática y el rechazo generalizado a conductas y actitudes violentas de todo tipo en la vida cotidiana.

Pugnar por el acceso de las mujeres a la justicia es una asignatura pendiente que presenta muchas aristas, desde el feminicidio, pasando por las pensiones alimenticias y hasta el trato desigual que reciben las mujeres en la administración e impartición de justicia.

*Analista del Cambio Social y Presidenta de INCIDE Social AC.

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