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Estudian criterios de la CoIDH para garantizar DH en DF

Por Anayeli García Martínez

El Proyecto de Ley de Derechos Humanos para el Distrito Federal prevé tomar en cuenta los instrumentos, estándares y criterios de los organismos y tribunales internacionales, en especial los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para el cumplimiento de las garantías individuales.

De acuerdo con Fabián Sánchez Matus, director ejecutivo de IDHEAS-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el proyecto tratará de desarrollar una estrategia para cumplir con sentencias como la de la CoIDH, pues hasta ahora el Estado mexicano “no sabe que hacer con las dos sentencias condenatorias que ya tiene”.

Durante la primera mesa de análisis del Proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Sánchez Matus dijo que se están generando una serie de recursos que establezcan una política de Estado en la materia. Además agregó que aunque esta ley no contiene lineamientos nuevos porque es una “amplia compilación de normas que ya existen en la materia”, resulta importante porque esta completa.

Para dar cumplimiento a sentencias como la de la CoIDH, se buscará crear un “Fondo de Reparación Integral del Daño”. Este Fondo también servirá para reparar el daño a las víctimas de violación a sus Derechos Humanos (DH) que no acudan a este organismo, pues cubrirá la remuneración económica y la atención integral a cualquier víctima, afirmó Fabián Sánchez.

Por otra parte, esta misma ley señala que, con la finalidad de fomentar el cumplimiento y respeto a los DH, las instancias e instituciones públicas deberán tomar en cuenta las normas que mejor favorezcan y garanticen el ejercicio de esos derechos.

MÉXICO ANTE LA CoIDH

Hay que recordar que en noviembre de 2009, el tribunal internacional condenó a México por el femicidio ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 2001, cuando se encontraron a 8 mujeres con señas evidentes de tortura sexual, en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Aunque fueron 8 los cadáveres hallados en el predio conocido como “Campo Algodonero” no todos se presentaron ante el Sistema Interamericano, por lo cual sólo tres encontraron una respuesta por parte de la CoIDH.

En el mismo mes, noviembre de 2009, el Estado mexicano recibió otra sentencia acusatoria de la misma instancia, esta vez por la desaparición forzada –durante la guerra sucia- a manos del Ejército mexicano, del líder comunitario Rosendo Radilla Pacheco.

Aunado a lo anterior, el Informe Anual 2009 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que dicho organismo recibió 232 denuncias contra México, cifra sólo superada por Colombia quien cuenta con 237 denuncias. Además que en este año se esperan tres sentencias más para el caso mexicano: una por el caso de tortura hacia dos campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García; y dos más por violación sexual ejercida por militares contra dos indígenas tlapanecas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones y soluciones amistosas emitidas por el organismo internacional, señala que en el caso de la recomendación emitida en 2001 por el caso de las hermanas González Pérez, violadas por militares en Chiapas, no fue cumplida, mientras que la solución amistosa por el caso Paulina, violada cuando era menor de edad y obligada por las autoridades a continuar con su embarazo, emitida en 2006, se cumplió “parcialmente” por el Estado mexicano.

Entre las organizaciones que elaboraron y aportaron observaciones a este Proyecto de ley, se encuentran: IDHEAS-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, ADIVAC, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, DECA- Equipo Pueblo, Fundar-Centro de Investigación y Análisis, Elige-Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Red por los Derechos de la Infancia en México.

10/AGM/LR/LGL

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