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EU: en la mira, otras 12 leyes que niegan acceso al aborto

Por Cristina Acuña Roeder

Organizaciones feministas y mujeres políticas de Estados Unidos celebraron la decisión histórica de la Corte Suprema de Justicia del país vecino, que ayer declaró inconstitucional la ley de Texas conocida como “House Bill 2” (HB2), que pretendía eliminar la mayoría de clínicas para interrumpir embarazos en el sureño estado.
 
La ex senadora por Texas Wendy Davis, quien en 2013 habló durante 11 horas ante el Congreso estatal para obstruir la aprobación de esa ley antiaborto, expresó en declaraciones a la revista Rolling Stone, que la decisión del máximo tribunal reivindica el derecho de las estadounidenses a decidir sobre sus cuerpos.
 
“Lo que esta decisión significa para las mujeres de Texas es que sus derechos constitucionales han sido protegidos; significa que han sido escuchadas, y significa que los legisladores serán considerablemente desafiados si continúan intentando cerrar el acceso seguro y legal al aborto en este estado y en este país”, abundó Davis.
 
El daño que la ley –anulada por la Corte Suprema– infligió al estado no será muy fácil de sanar, dijo en su oportunidad la directora de pólizas de la Unión de Libertades Civiles de Texas (ACLU, por sus siglas en inglés), Rebecca Robertson.
 
La activista y defensora de Derechos Humanos agregó ayer en conferencia de prensa que “cuando la ley pasó, las clínicas de aborto se redujeron de 42 a 19, y a pesar de esta victoria, algunas de ellas no volverán a abrir. A veces toma años reconstruir el acceso que teníamos antes que leyes como ésta fueran aprobadas”.
 
Avalada en 2013, la Ley HB2 exigía que las clínicas de aborto en Texas cumplieran con dos requisitos: primero, que tuvieran una infraestructura igual a la de los centros quirúrgicos ambulatorios, y segundo, que el personal médico reuniera una serie de requerimientos administrativos para poder realizar las intervenciones.
 
Ambas disposiciones fueron consideradas médicamente innecesarias por el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), organización que inició la demanda jurídica contra la Ley HB2 en abril de 2014 ante una Corte federal.
 
“Establecimos la demanda para prevenir que el segundo estado más grande de la nación regrese a millones de mujeres a esos tiempos oscuros y peligrosos de abortos ilegales que el juicio ‘Row contra Wade’ supuso detener”, dijo la presidenta del CDR, Nancy Northup, en un comunicado el 2 de abril de 2014.
 
Según documentos en línea de la Corte Suprema de EU, el juicio “Row contra Wade” reconoció en 1973 el derecho constitucional de las mujeres a tener un aborto seguro.
 
Northup insistió en que la gran mayoría de mujeres ni siquiera requieren hospitalización después de abortar, y muchas interrupciones del embarazo requieren sólo un par de píldoras.
 
“No hay duda de que los políticos aprobaron esta ley como un golpe final en su asalto contra el derecho constitucional de las mujeres a tener un aborto legal y seguro”, expresó la presidenta del CDR en el mismo comunicado de 2014.
 
Tras dos años de batallas legales y apelaciones, la Corte Suprema confirmó lo que Nancy Northup y muchas otras organizaciones civiles ya habían dicho sobre lo estipulado en la Ley HB2.
 
Stephen G. Breyer, uno de los cinco jueces que votó contra la norma, sostuvo que “ninguna de esas disposiciones ofrece beneficios médicos suficientes para justificar los requisitos para el acceso (al aborto). Son un obstáculo importante en el camino de las mujeres que buscan un aborto antes de la viabilidad (…), y cada una (de las disposiciones) viola la Constitución federal”.
 
Con cinco votos a favor y tres en contra, la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley HB2 y puso en duda normas similares en 12 estados de EU (Dakota del Norte, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Kansas, Misuri, Oklahoma, Misisipi, Alabama, Luisiana, Tennessee y Virginia), de acuerdo con un recuento de la televisora NBC News.
 
“Estamos muy satisfechas con la decisión de la Corte Suprema. Pero la lucha para proteger el acceso al aborto no ha terminado”, manifestó en un comunicado la directora ejecutiva de ACLU en Texas, Terri Burke.
 
“No hay ninguna razón para creer que van a dejar de tratar de negar el acceso al aborto a las mujeres. Pero hoy y en el futuro vamos a seguir la lucha para asegurar que este derecho siga protegido”, abundó.
 
Según el departamento de Servicios de Salud de Texas, en 2013 el número total de abortos ascendió a 63 mil 849, de los que 46 mil 826 se realizaron en una clínica especializada.
 
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