En por lo menos 200 ciudades de los Estados Unidos este primero de mayo habrá marchas para solicitar al Congreso retome el debate de la reforma migratoria y al gobierno federal detenga las redadas, informó Juan José Gutiérrez, director del Movimiento Latino de Los Ángeles, al tiempo de afirmar que «el movimiento pro derechos de los y las inmigrantes se fortalece».
Gutiérrez informó a Univisión que serán tres las exigencias principales de la que será la tercera marcha que preparan ya en Arizona, Nuevo México, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Washington, Virginia, Florida, California, Ohio, Georgia, Texas, Massachussets y Washington DC.
Presionaremos al Congreso para que legisle una reforma comprensiva de inmigración, que incluya una vía de legalización para los millones de indocumentados e indocumentadas que viven en Estados Unidos, señala.
Exigiremos al gobierno que detenga las redadas. Y rechazaremos todas aquellas propuestas de ley que nacen de la iniciativa HR 4437, que aprobó la Cámara de Representantes el 16 de diciembre de 2005 y que quedó anulada cuando se detuvo la convocatoria del Comité de Conferencia el 3 de junio de 2006. La legislación, entre otras recomendaciones, criminalizaba la estadía indocumentada y aumentaba las redadas y deportaciones.
Nos preocupan las redadas, acotó Gutiérrez. Se siguen haciendo por todo el país y están dividiendo a las familias, pisoteando la dignidad de los afectados y violando los derechos de niñas y niños ciudadanos que quedan abandonados.
SANTUARIO DC
Por otra parte, en el Distrito de Columbia, se pedirán a las autoridades locales que declare la ciudad como santuario para las y los inmigrantes.
El reverendo Whit Hutchison, en representación de The Metro DC Interfaith Sanctuary Network, dijo que la puesta en marcha de esta iniciativa daría la seguridad de que todas las personas reciben los
servicios públicos, con independencia de su estatus migratorio.
A pesar de que no existe una ley santuario en el área del Distrito de Columbia, las autoridades locales expresaron hace unos cinco meses su desacuerdo con ciertas medidas antiinmigrantes puestas en marcha en determinadas localidades, manifestó.
Con estas declaraciones, Hutchison hizo referencia a la resolución aprobada el año pasado por el condado de Prince William, Virginia, que da poderes extraordinarios a la policía para cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona que consideren pueda estar violando las leyes de inmigración
federales.
La medida también incluye rechazar el otorgamiento de ciertos servicios del condado a las y los inmigrantes sin residencia legal, como la ayuda para alojamiento y las licencias de negocio.
Los opositores a la ley antiinmigrante alegan que el condado se verá obligado a reducir servicios en el presupuesto para recuperar el costo de la iniciativa, y por la esperada caída de los ingresos tributarios por el éxodo de inmigrantes del área en busca de
oportunidades en otros estados.
En todo el país, al menos 20 ciudades tienen ordenanzas que restringen la cooperación de las autoridades locales con el gobierno federal en asuntos de inmigración, mientras que otras 80 localidades han aprobado leyes para desalentar la llegada de personas indocumentadas.
Y la última ciudad en ser declarada santuario fue San Francisco, en el estado de California.
08/LPB/GG
