La administración de Bush tiene por objetivo fundamental reducir la autonomía de la mujer sobre decisiones sobre sus vidas sexuales y reproductivas y no la de prevenir o disminuir el aborto, señala la investigadora Françoise Girard en un estudio realizado en 2004.
Dicha investigación, titulada «Las implicaciones globales de la políticas nacionales e internacionales de los Estados Unidos sobre sexualidad», fue publicado por el Centro de Género, Sexualidad y Salud, de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, en un papel de trabajo del Internacional Working Group for Sexuality and Social Policy (IWGSSP, 2004).
Estados Unidos, como declaró Bush en el 2002 en Bangkok, «apoya la vida inocente desde la concepción hasta la muerte natural» y por lo tanto «no apoya, fomenta, favorece abortos, servicios relacionados al aborto o el uso de abortifacientes», tal como sostiene el Vaticano.
Que la vida empieza en la concepción ha sido claramente la creencia que subyace en las acciones de la administración Bush hasta esta coyuntura, pero nunca había sido declarada abiertamente.
Esta afirmación esta, evidentemente, en contradicción directa con la Constitución de los Estados Unidos, que, como fue interpretada por la Corte Suprema, contiene el derecho constitucional a la privacidad y, por lo tanto, al aborto (dentro de ciertos parámetros).
La administración Bush evidentemente considera equivalente su posición y las de sus partidarios derechistas con la de los «Estados Unidos».
De hecho, varias consecuencias se desprenden de la creencia de que la vida empieza durante la concepción. Una es, evidentemente, que el aborto debe ser prohibido, o por lo menos
severamente restringido.
La otra es que algunas formas de anticonceptivos modernos que evitan (el DIU), o pueden prevenir (píldoras hormonales, que se toman como anticonceptivos de emergencia, o como anticonceptivos) la implantación de un óvulo fertilizado en el útero ahora son considerados abortivos.
Esta interpretación revela que lo que realmente está en juego es la posibilidad de las mujeres de controlar su fertilidad y consiguientemente, sus vidas sexuales.
CANON DE DERECHA
En la Conferencia de Bangkok, Estados Unidos buscó incluir sus posiciones en el Plan de Acción sobre la «adopción como una alternativa a la dependencia en el aborto», embarazos «inoportunos» (a diferencia de indeseado, ya que en el canon de
derecha, el embarazo siempre debe ser bienvenido), «minimizar la incidencia del aborto» (sin especificar por qué medios), y la «morbilidad y mortalidad relacionada al aborto» (que cubriría al feto, en vez de la frase usual «mortalidad como resultado del
aborto inseguro», que trata de la mujer).
La delegación estadounidense intentó suprimir completamente cualquier mención de «derechos reproductivos» y «servicios de salud reproductiva» (definidos por la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo ?CIPD- incluyendo aborto en circunstancias donde no es ilícito) y también «salud sexual» y «servicios de salud sexual».
Estados Unidos también insistió que se le diese una alta prioridad a los métodos de planificación familiar naturales, y rechazó una propuesta para programas que enseñan el «uso consistente del condón».
Significativamente, el único éxito de los Estados Unidos en el Plan de Acción final adoptado por la Conferencia de Bangkok fueron los métodos naturales de planificación familiar, aunque no se les dio alta prioridad.
Las posiciones extremas de los Estados Unidos, su conducta torpe e intransigente alienó tanto a las delegaciones del área Asia-Pacifico que se unieron para rechazar las enmiendas de los Estados Unidos y reiteraron su apoyo a los derechos reproductivos y al Programa de Acción de la CIPD.
Es interesante notar que incluso los aliados de la Administración Bush en la llamada «guerra contra el terror» (Pakistán y las Filipinas) abandonaron a los Estados Unidos, dejándolo completamente aislado.
HISTORIA DE LA MORDAZA
El uso del tema del aborto para debilitar los derechos reproductivos se remonta al 22 de enero, 2001, cuando Bush reimpuso la «Regla de Mordaza Global» (GGR), anunciada por Ronald Reagan durante la Conferencia de Población de 1984 en la Ciudad de México, conocida por ello como «Política de Ciudad de México».
Esta política restringe a ONG extranjeras, que reciben fondos de planificación familiar de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a usar sus propios fondos no estadounidenses para suministrar servicios de abortos legales o para hacer activismo a sus propios gobiernos con el fin de reformar sus leyes sobre el aborto, o incluso para dar asesoría médica o referir pacientes. El actual programa de planificación familiar de USAID tiene actualmente un presupuesto de 432
millones de dólares.
El Presidente recientemente expandió el GGR a todos los programas del Departamento de Estado para «planificación voluntaria de población suministrados a organizaciones no
gubernamentales».
El Departamento de Estado financia programas para refugiados, algunos de los cuales tienen una dimensión de salud reproductiva. No está claro cuánto dinero está en juego, pero un ex funcionario del Departamento de Estado calcula que es mucho menos de los 40 millones de dólares, que es la única suma mencionada hasta ahora por grupos derechistas.
Es importante notar que el financiamiento directo con fondos públicos de los Estados Unidos a servicios de abortos en el extranjero ya estaba prohibido por ley desde 1973. Como resultado, los fondos estadounidenses iban exclusivamente a otros servicios de salud reproductiva, como la planificación familiar, tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS), y atención prenatal.
Los efectos de la GGR están empezando a ser documentados. Los grupos que recibieron dinero ya no pueden participar en el debate nacional sobre la reforma de la ley de aborto, o referir pacientes a abortos legales; mientras que los grupos que rechazaron dinero estadounidense han tenido que recortar sus servicios de salud reproductiva significativamente ?que es probable que conlleve a más embarazos indeseados y abortos.
Esto demuestra que no es sólo el aborto lo que les preocupa, sino que también terminar con los servicios de salud reproductiva y sexual y de debilitar a los grupos que promulgan derechos sexuales y reproductivos.
Bush también ha dicho: «Durante años, una horrible forma de violencia ha sido dirigida contra niños que están a centímetros de nacer, mientras la ley hacía caso omiso. Hoy, al fin, el pueblo norteamericano y nuestro gobierno han confrontado la violencia y han venido a la defensa del inocente».
La política de esta administración con respecto al aborto es clara y con ello atenta también en contra del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organismo al que le ha negado el financiamiento repetidamente, que es del orden de 34 millones de dólares anuales, desde el 2001.
07/LPB/GG
