Argumentando «falta de tiempo», la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Louise Arbour evadió «comprometerse» con las integrantes de la ONG Justicia para Nuestras Hijas en el tema del feminicidio, al únicamente escucharlas y recibir los documentos que éstas prepararon para entregarle, denunció en entrevista telefónica Norma Andrade, integrante de esta organización.
Durante una reunión de 20 minutos realizada la tarde de ayer entre esta ONG y Arbour para hablar del feminicidio en Ciudad Juárez, le pidieron que su oficina en México, a cargo de Amerigo Incalcaterra tenga una presencia «más fuerte» en el caso, así como darle un seguimiento personal al informe final que presentará el equipo argentino de antropología forense donde detallará los hallazgos de sus investigaciones en Juárez y Chihuahua.
En este sentido, Norma Andrade, quien preside esta organización civil y madre de Lilia Alejandra Andrade, asesinada en 2002, dijo que pidieron que Amerigo Incalcaterra apoye el trabajo de los expertos forenses y su intervención para que éstos tomen todos los casos que tiene Justicia para Nuestras Hijas, que en total son 25: 16 corresponden a feminicidio y 9 a desaparecidas.
En tanto, Luz Estela Castro, abogada y directora del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres en Ciudad Juárez, dijo en entrevista que le entregaron a la Alta Comisionada un informe elaborado por el Centro donde le plantean la situación de Chihuahua y Ciudad Juárez y donde evidencian el «desmantelamiento» a nivel federal y estatal de las instancias para resolver la problemática.
La abogada precisó que dichas instancias son la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia en Juárez, que permanece «a la espera» de titular y de nueva sede, toda vez que salió de la Secretaría de Gobernación y la propia comisión para feminicidio en el congreso del estado, que dijo, ha desaparecido.
En el informe, detalla la activista, también se da cuenta de la campaña mediática emprendida desde el gobierno de Chihuahua para «limpiar la imagen de Ciudad Juárez» que ha minimizado el problema del feminicidio.
EXPECTATIVAS SIN CUMPLIR
La abogada lamentó el poco tiempo otorgado a las ONG, que desde la mañana de ayer se reunieron con la funcionaria de la ONU, y enfatizó que haberles dado este espacio a las organizaciones civiles «no fue un acto de la buena voluntad de Felipe Calderón en su compromiso con la defensa de los derechos humanos, sino más bien una más de sus estrategias de su doble discurso».
Luz Estela Castro se dijo decepcionada de ambos encuentros, el de la mañana con las ONG y el de la tarde con Justicia para Nuestras Hijas porque no hubo una posición firme y crítica hacia el gobierno de Felipe Calderón en la materia.
«Me parece que otra vez el discurso de Calderón va a ser para tomarse la foto, para que mediáticamente se diga que hay un compromiso con los derechos humanos cuando ella pudo advertir toda la zona de desastre», enfatizó.
FIRMAN CONVENIO
En tanto, hoy se firmó en Los Pinos el Acuerdo para que la oficina de la Alta Comisionada siga teniendo presencia en nuestro país.
En México, la oficina de la Alta comisionada para los derechos humanos de la ONU ha sido producto del trabajo de las organizaciones civiles de derechos humanos.
Su antecedente data de 1998 durante el mandato de Mary Robinson, quien ofreció a México apoyo técnico para que cumpliera con sus obligaciones contraídas en los convenios y tratados de derechos humanos que signó.
Desde entonces las organizaciones civiles mexicanas e internacionales exigieron al gobierno la celebración de un acuerdo de cooperación técnica en la materia.
Pero no fue sino hasta el 2002, en la administración foxista, cuando se cristalizó la idea de contar con una oficina de la ACNUDH en México, quedando al frente de dicha oficina Anders Kompass.
Durante la firma del Acuerdo, en el que estuvieron presentes diversos funcionarios del gabinete calderonista y Louise Arbour, Felipe Calderón «presumió los logros» de su administración en materia de derechos humanos y un compromiso con éstos.
Entre ellos destacó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual continúa sin operar porque carece de reglamento, mismo que no fue publicado por Calderón como lo mandata la Ley en mayo de 2007.
Asimismo enfatizó que su administración «trabaja ya» en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2009-2012 conjuntamente con la Academia, ONG y otros actores sociales.
El nombramiento de la nueva fiscal para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, Guadalupe Morfín Otero y la creación de la dirección de derechos humanos al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron otros temas que Calderón Hinojosa enfatizó.
En tanto, Louise Arbour, según han reportado los medios, pidió al panista que los compromisos internacionales que México ha signado en materia de derechos humanos se vean reflejados en la Constitución y en las legislaciones federales y estatales.
Las organizaciones civiles reunidas la mañana de ayer con Arbour, han manifestado que «no se debe pasar por alto que la firma de un convenio obliga al Estado mexicano, por lo que se deben de asegurar los mecanismos que aseguren una implementación del convenio acorde con el espíritu de la oficina del Alto Comisionado».
Louise Arbour concluirá su visita en nuestro país el próximo 8 de febrero con una rueda de prensa.
08/LGL/CV
