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Evadió compromisos con las mexicanas el gobierno de Fox

Por Rafael Maya

El gobierno del presidente Vicente Fox fue incapaz de impulsar verdaderamente la equidad de género y atender las necesidades de las mexicanas, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, el gasto social y el gasto público.

Por el contrario, durante este sexenio la administración saliente se dedicó a recortar recursos para la salud y la igualdad de oportunidades para las mujeres, así como faltar a la transparencia en el ejercicio del presupuesto etiquetado para la población femenina, sentenció la organización civil Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia.

Además, con base en datos duros del propio gobierno federal, la agrupación ciudadana hizo una devastadora crítica del manejo presupuestal y del gasto público del gobierno foxista, al haber “desperdiciado” los ingresos excedentes por la venta de petróleo y no haber generado empleo, crecimiento económico, y no haber reducido de manera significativa la pobreza extrema en el país.

En conferencia de prensa, Lucía Pérez y Rosalío Rangel, coordinadores del Área de Presupuestos Públicos de Equidad de Género, presentaron el documento “Las Finanzas Públicas del sexenio, 2001-2006”.

En el documento se analiza el manejo de los recursos etiquetados para mujeres y hacen un repaso del fracaso de Vicente Fox en materia de ingresos, gasto público, gasto social, y deuda y balance público.

Lucía Pérez denunció que en el gasto destinado para las mexicanas, la administración del presidente Fox “no asumió los compromisos con la agenda de las mujeres”. Dijo que el aumento presupuestal para programas de atención a la población femenina en diversas dependencias “ha sido muy poco”, a lo largo del sexenio del mandatario emanado del Partido Acción Nacional (PAN).

“De 2003 a 2006 el gasto etiquetado para mujeres creció en 27.5 por ciento en términos reales y su participación en el gasto osciló entre 0.86 y 0.97 por ciento, pero si se descuenta el Conafe (becas para niños y niñas del Consejo Nacional de Fomento Educativo), esta tasa disminuye a menos 5 por ciento; y la participación cae a entre 0.08 y 0.14 por ciento, siendo de 0.12 por ciento para los dos últimos años”, precisó la especialista.

Asimismo, Lucía Pérez señaló que el presupuesto para el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha disminuido en 16.6 por ciento a partir del 2002, al igual –acotó- que hubo reducciones sustanciales al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres, y en otros programas de salud, desarrollo social, trabajo, e impartición de justicia para las mexicanas.

Respecto al Inmujeres, la experta en presupuestos públicos con enfoque de género dijo que sus recursos “son pocos y además se subejercen”. Puso como ejemplo 96 millones de pesos que se le aprobaron al instituto para el 2005, con el fin de apoyar a los institutos estales de las mujeres, y los cuales –sostuvo- “no está claro en dónde están”.

Abundó que la Secretaría de Hacienda y el Inmujeres cayeron en contradicciones sobre el destino de esos recursos, y que finalmente el instituto reconoció a mediados del año pasado que los tenía en su poder “pero que todavía no los repartía a los estados”, observó Lucía Pérez. “Existe el riesgo de que no se ejerzan esos montos”, alertó.

“El Inmujeres no hace su trabajo” para lograr la igualdad de oportunidades de las mexicanas, acusó la activista. En materia de salud, indicó que el gasto etiquetado “ha sido muy irregular”, toda vez que cada año el gobierno distribuye estos recursos de manera diferente, “cambiándolos de unidad responsable para su operación o integrándolos a bolsas presupuestales” de otras acciones o programas, explicó.

Un caso “dramático”, advirtió, es el de los recursos para atender la violencia contra las mujeres, ya que, precisó, el Ejecutivo “les quita la etiqueta y disminuye su presupuesto”.

Pérez Fragoso dijo que a todo lo anterior se deben agregar los malos manejos de los recursos por parte del gobierno federal que han afectado la atención en la salud de las mujeres, como por ejemplo el caso Provida, en el que 30 millones de pesos para VIH/Sida se destinaron a esa organización antiabortista en el 2003.

Finalmente, Rosalío Rangel apuntó que uno de los “retos” para el próximo gobierno federal será que asuma la agenda de las mujeres “como una agenda nacional prioritaria” en las políticas públicas, el gasto social y el gasto público.

06/RM/LR

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