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Evitar desintegración de familias de migrantes, gran pendiente

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Para vigilar el cumplimiento de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres migrantes y de quienes permanecen al cuidado de sus familias en sus países de origen, se requieren leyes y políticas migratorias integrales que permitan acciones coordinadas entre México y Estados Unidos.

Lo anterior lo informó hoy Gretchen Kuhner, coordinadora del Programa Mujeres en Migración del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), durante la presentación del informe “Mujeres en comunidades transnacionales: el impacto de la migración desde un enfoque legal”.

Kuhner señaló que la problemática es regional y por lo tanto se requiere la intervención coordinada de los países involucrados. Por ejemplo, dijo, hay casos en que las leyes y políticas restrictivas derivan en la desintegración familiar.

Por ejemplo este año el Imumi conoció el caso de una mujer hondureña que fue deportada de EU por “pasarse un alto”. Ella estaba casada con un migrante mexicano y tuvieron un hijo cuya nacionalidad es estadounidense.

El niño y el padre permanecieron en EU, pero él trabajaba y no podía hacerse cargo de su hijo, así que la pareja acordó enviar al menor de edad a México, donde la centroamericana lo alcanzó para reunificarse. Ahora tramitan la nacionalidad mexicana del niño, para que con ésta la hondureña obtenga la estancia legal en nuestro país.

El desenlace de otros casos ha sido “sumamente grave”, acotó Kuhner, “sabemos de dos mujeres que también fueron deportadas y perdieron la patria potestad de sus hijas e hijos”.

Las mujeres que se quedan en sus países de origen cuidando a sus familias, en espera de que sus cónyuges regresen, “algunas tratan de tramitar sus visas, otras buscan un empleo para salir adelante”. Mientras sus esposos les envían remesas tienen un apoyo económico importante, pero si éstas faltan la situación se complica.

“Aunque las leyes establecen el acceso a derechos, en la práctica no es así”, hace falta una mayor protección a las familias de las y los migrantes en México, leyes y políticas públicas migratorias integrales, y que se difunda información sobre los derechos de las familias y cuáles son los mecanismos para acceder a ellos.

“Pocas mujeres saben que si su esposo deja de enviarle dinero, ellas pueden reclamar una pensión alimenticia, independientemente de la condición migratoria de su cónyuge”, así que no la solicitan, agregó la activista.

“Aunque quienes inician el trámite no siempre lo consiguen, porque puede tardar hasta más de tres años, para ellas se convierte en una pérdida de tiempo”, abundó.

La falta de aplicación de la ley impacta en una menor calidad de vida para las mujeres ligadas a la migración, dijo Kuhner a Cimacnoticias.

El informe del Imumi, en el que se documenta la situación de las mujeres ligadas a la migración en cinco entidades federativas, reveló que las mujeres que se quedan en México padecen violencia económica y psicológica por teléfono: “El esposo la llama y le dice que ya no le va a mandar dinero porque un vecino le llamó para decirle que la vio en una fiesta”.

También las chantajean para no darles el divorcio o para no cederles los derechos de propiedades que ellas necesitan vender para la subsistencia familiar, añadió.

En este escenario se requiere que los tres órdenes de gobierno en México asuman su responsabilidad y amparen a las mujeres y familiares de migrantes que permanecen en sus comunidades con oportunidades de desarrollo.

En este sentido proponen revisar el proyecto de la Ley General de Protección y Desarrollo del Emigrante y su Familia, y la Ley de Migración y su reglamento.

De igual modo es preciso mejorar la colaboración binacional porque aún hay “muchas trabas” para que las leyes y políticas públicas comunes se lleven a cabo.

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