Ex militar de SLP será sentenciado por 3 casos de feminicidio

El dictamen pericial en materia de tortura, llamado Protocolo de Estambul, aplicado al ex militar y feminicida Filiberto Hernández Martínez, determinó que no fue torturado durante su detención, por lo que podrá ser sentenciado por los casos de feminicidio de cuatro niñas y una mujer adulta que cometió entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí.
 
Después de permanecer 3 años en prisión preventiva en Durango y tras una larga lucha por parte de las familias para exigir que se le aplicara el Protocolo Estambul, Hernández Martínez recibirá sentencia por los asesinatos de Itzel Romaní Castillo de 11 años de edad, Dulce Ximena Reyes de 9 años y Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad.
 
Y continúan en proceso los casos de Rosa María Sánchez González, de 15 años de edad, y de Adriana Martínez Campuzano quien tenía 13 años de edad, informó la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C (Gadh), Karla Micheel Salas Ramírez, en entrevista a Cimacnoticias.
 
El Protocolo Estambul es un instrumento internacional por el cual, mediante entrevistas clínicas y exámenes psicológicos, se determina si una persona fue víctima de tortura y otros tratos o penas crueles. En el caso del Filiberto Hernández, el documento indica que no existen elementos que corroboren su versión.
 
La abogada especialista en feminicidio Micheel Salas Ramírez apuntó que el resultado de este procedimiento psicológico es clave para la garantía de justicia en este caso, pues en la detención de Filiberto Hernández, en julio de 2014 -por portar una arma de uso exclusivo del ejército, y después confesar los asesinatos- alegó ser víctima de tortura por parte de los policías.
 
Este hecho, comentó Salas Ramírez, impedía a las autoridades dictar sentencia y daba la posibilidad de que fuera puesto en libertad, “ahora lo que esperamos es que el Poder Judicial otorgue una sentencia condenatoria”, señaló la abogada.
 
Cabe recordar que el primero de agosto de 2014, el juez Primero de lo Familiar, del Sexto Distrito Judicial de Ciudad Valles, Juan Ignacio Ortega Morales, dictó auto de formal prisión a Filiberto Hernández por el caso de Dulce Reyes, pero ese mismo día su defensa apeló la sentencia, porque alegó tortura en el proceso de detención.
 
El 12 de febrero de 2015 el juez Juan Ignacio Ortega resolvió a favor el amparo para que se demostrara tales actos, pero fue hasta el 13 de mayo de 2016 que emitió el exhorto, con número 84/2016/1, para que se le realizará el protocolo al exmilitar.
 
Los resultados fueron emitidos el 12 de diciembre de 2016 por parte de la Fiscalía General del Estado de Durango, estado en donde está encarcelado el asesino, y estos  se dieron a conocer el pasado 8 de abril a los familiares y abogadas que llevan el caso.
 
CONTINÚA INVESTIGACIÓN
 
A partir de la constante exigencia del Gadh y las familias que perdieron a las niñas y la mujer del municipio de Tamuín, se ha evidenciado la falta de una investigación adecuada por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de San Luis Potosí.
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se unió al llamado a través de un informe especial que hizo sobre el caso, donde determinó que la Procuraduría local investigó mal los cinco casos de feminicidio: no recolectó de manera adecuada las pruebas ni realizó de forma correcta el peritaje forense a las víctimas.
 
Con ello responsabilizó a los agentes del Ministerio Público (MP) municipal involucrados, a la Procuraduría estatal y a Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por las irregularidades latentes en el caso. La Comisión además ordenó la creación de una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos.
 
La abogada recordó que la investigación del caso de Adriana Martínez Campuzano, violada y asesinada por el feminicida en 2011, permanece, pues sus familiares ganaron en enero de 2017 un amparo para investigar de nuevo el caso, después de que el juzgado exoneró a Filiberto Hernández  del asesinato  “por falta de pruebas”.
 
En tanto el de Rosa María Sánchez continúa, pues recién en febrero de 2017 se logró confirmar su identidad a partir del análisis forense de siete huesos localizados en 2014 en Cañaveral de Puntilla, San Luis Potosí, donde el asesino enterró los cuerpos.
 
17/HZM/GG