Ex funcionarios del gobierno de Baja California podrían ser encarcelados por haber negado el recurso de aborto por violación a la menor indígena Paulina en 1999, informó hoy Socorro Maya, abogada de la víctima.
En entrevista telefónica con cimacnoticias, Maya explicó que la decisión de la Procuraduría de Justicia de Baja California de citar a declarar al ex procurador, Juan Manuel Salazar Pimentel, abre el camino para que las investigaciones retomen su curso.
La representante legal de la menor indígena dijo que a tres años del ultraje de Paulina, la procuraduría todavía se encuentra integrando la averiguación previa, sin embargo ofreció presentar a declarar esta semana a la menor, respetando el acuerdo de que primero lo hiciera el exprocurador Salazar Pimentel, lo que sucedió el pasado 22 de febrero..
El hecho de que exprocurador haya sido citado por la procuraduría, agregó, abre la posibilidad de que los exfuncionarios reciban el castigo por la violación de los derechos sexuales y reproductivos de Paulina, quien a los 13 años de edad fue violada y a quien las autoridades estatales negaron la interrupción del embarazo, permitido en este caso por la legislación en Baja California.
Cuando Paulina solicitó el aborto por violación, Salazar Pimentel la condujo en su vehículo ante un sacerdote que la disuadió de interrumpir su embarazo, hecho que fue denunciado por los grupos defensores de derechos civiles.
Maya explicó que el castigo deberá ser extensivo a Ismael Avila Iñiguez , director del Hospital General de Mexicali y a Carlos Astorga Otón, actual candidato a ocupar una curul por el Partido Acción Nacional.
La defensora de Paulina abundó en que hasta ahora se ha hecho caso omiso de la recomendación emitida al respecto por la Comisión de Derechos Humanos estatal, en la que se reconoce el abuso de las autoridades y la violación de los derechos sexuales y reproductivos de la menor.
Dijo que el proceso penal seguirá su curso, sin embargo se abre la posibilidad de que los acusados sean castigados con cárcel o incluso con la privación del ejercicio de su profesión.
La también candidata a ocupar la titularidad de la subprocuraduría de derechos humanos estatal, con sede en Mexicali, informó que el próximo mes de marzo, podría llevarse a cabo la primera audiencia de este caso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pretende conciliar ante la CIDH el pago de una indemnización para la menor para dar por terminado este asunto, al menos en el ámbito internacional.
SM/MEL
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