La legisladora Beatriz Paredes Rangel, presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó su apoyo a las más de 4 mil ex trabajadoras de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y se comprometió a recibirlas esta semana con el propósito de escuchar sus demandas, señaló Mónica Jiménez, coordinadora del movimiento de mujeres electricistas, durante el mitin que celebraron hoy frente a la Cámara de Diputados.
«La diputada del tricolor está dispuesta a hablar con nosotras, dice que no era la forma de hacer las cosas y que tiene que haber una alternativa», dijo Mónica Jiménez, quien antes del cierre de LyFC era representante del Departamento de Tabuladoras de la compañía paraestatal, conformado por 524 mujeres, «muchas de ellas jefas de familia y madres solteras».
Esta noche acordarán el día y la hora de la reunión, la cual se llevará a cabo en esta semana, según dio a conocer la coordinadora del movimiento de mujeres electricistas, quien añadió: «todavía falta ver cuál es su postura, pero confiamos en que será favorable para el movimiento».
En la entrevista que sostendrán con Paredes Rangel, las mujeres electricistas le solicitarán que se sume a la controversia constitucional para abrogar el decreto presidencial del pasado 10 de octubre que liquidó LyFC.
«Necesitamos platicar con la dirigente del PRI para poderle plantear la controversia constitucional que deviene por las violaciones a los derechos de miles de trabajadoras y trabajadores. Tal es el caso de compañeras que estando embarazadas dejaron de recibir atención médica, lo mismo pasó con las que son mamás de niños con capacidades especiales, a ellos tampoco los quisieron atender en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)», expresó.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las y los electricistas deberían conservar el servicio médico gratuito por parte del IMSS, durante los tres meses siguientes al término de la relación laboral.
Según la información difundida por el SME, el IMSS está obligado a darles servicio médico hasta el próximo 5 de diciembre, sin embargo, este mandato «no se está respetando», denunciaron en el mitin las ex trabajadoras.
En el mismo acto, el diputado Víctor Hugo Hernández, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual salió del recinto legislativo para manifestar su solidaridad con las trabajadoras del SME, refirió que «el embate debe ser frontal contra el gobierno federal, no podemos dar ni un paso atrás».
Y agregó: «PRD, Partido del Trabajo y Convergencia estamos con ustedes desde la Cámara de Diputados para llevar a cabo la controversia constitucional».
Sobre este tema, Manuel Fuentes Muñiz, abogado del SME, señaló a Cimacnoticias que dicha controversia es «factible jurídicamente» ante la violación de derechos laborales sufrida por las y los ex trabajadores de LyFC. Además, dijo, el Legislativo no sólo está facultado para realizarla sino que es su obligación impulsar la controversia ante la «ilegalidad» del decreto calderonista.
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