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Exacerbada violencia de género desmiente discurso oficial

Por la Redacción

En contraste con las declaraciones del mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, de que el país “ha avanzado en materia de Derechos Humanos”, organizaciones defensoras de las garantías humanitarias dan cuenta de que persisten la violencia, la desaparición forzada y la discriminación.
 
El presidente de la nación sudamericana pretendía retirar la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, argumentando que las intervenciones de ésta habían disminuido.
 
Sin embargo, tras la visita de Navi Pillay, Alta comisionada de la ONU en el rubro, se logró continuar hasta el 31 de octubre de 2014 el mandato de este organismo.
 
La Red Nacional de Mujeres publicó su sexto informe sobre las garantías fundamentales de las colombianas, en el periodo 2010-2012, correspondiente al gobierno de Manuel Santos.
 
Ahí se recalca la incoherencia entre las declaraciones del gobierno y la realidad en que viven las mujeres de esa nación, ya que actualmente 78 por ciento de las colombianas padece violencia doméstica y 84 por ciento ha sufrido violencia sexual.
 
De 2010 a 2012 se registraron 206 agresiones psicológicas y sexuales en contra de defensoras, hechos catalogados como delitos menores o no meritorios de ser investigados, acusó la Red Nacional.
 
Otros agresores de las mujeres –destacó la organización– son los grupos guerrilleros y paramilitares, que ven en el liderazgo de las defensoras y grupos feministas un obstáculo para el control social y territorial que pretenden.
 
Asimismo, la Red hace hincapié en que la violencia de género se invisibiliza y normaliza al considerarla un fenómeno habitual, y se justifica como una forma para mantener el orden social y cultural.
 
Si bien los Derechos Humanos (DH) de las mujeres se han fortalecido en los ámbitos de salud, trabajo, justicia y protección, los avances no se materializan en una verdadera garantía, se advierte en el informe.
 
Por último se incluyen algunas recomendaciones al Estado colombiano como la creación de un programa integral de protección para mujeres dirigentes y defensoras de DH, además de una política criminal y normas que reconozcan la discriminación de género, y su impacto en el acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres.
 
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