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Examen Periódico Universal: ¿Chile pasará la prueba?

Por Victoria Hurtado**
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El próximo 28 de enero, el Estado chileno deberá someterse por segunda vez al Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que vigila el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia humanitaria de los 192 Estados miembros de Naciones Unidas.
 
Al rendir examen, Chile tendrá que responder preguntas de los países integrantes del Consejo, en base a tres informes: el que el Estado presentó en noviembre pasado; el que compiló la ONU con todas las recomendaciones realizadas a Chile por los distintos órganos de Naciones Unidas, y el Informe de los Stakeholders (actores interesados), que incluye datos entregados por organizaciones civiles y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sobre el nivel de cumplimiento de las recomendaciones del EPU 2009 por parte del Estado chileno.
 
Entre las preocupaciones de las ONG planteadas en el informe alternativo están la vigencia de la Ley de Amnistía, por lo que se recomienda derogarla y reabrir procesos penales por crímenes de lesa humanidad, y la utilización de la Justicia Militar para el conocimiento de denuncias de violencia policial y de delitos comunes cometidos por uniformados contra víctimas civiles, por lo que se propone su reforma limitándola al conocimiento de delitos de función militar cometidos por militares en servicio activo.
 
Asimismo, aparecen los abusos policiales en el marco de la protesta social, en que incluso niñas y adolescentes denuncian diversas formas de violencia sexual, desnudez forzada, tocamientos sexuales y golpes en genitales, y la utilización discrecional y política de la Ley Antiterrorista por el Estado contra los indígenas mapuche y el allanamiento de sus comunidades, donde se cometen abusos y maltratos contra niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores.
 
También preocupa la falta de medidas legislativas para asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones públicas; la persistencia de la violencia contra las mujeres y su enfrentamiento con la Ley Número 20.066 que la aborda fragmentadamente en el ámbito judicial y mantiene deficiencias en su aplicación, como el requisito de “habitualidad” del maltrato; la penalización del aborto en todas sus formas y la ausencia de un debate democrático sobre el mismo, a pesar de las reiteradas recomendaciones al Estado que le han hecho los órganos supervisores de tratados.
 
En el ámbito institucional, se plantea impulsar el debate sobre Defensoría del Pueblo; elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos (DH) con amplia participación ciudadana; e implementar prontamente un Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.
 
En materia de diversidad sexual, se propone aprobar una ley sobre uniones civiles; legislar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y aprobar el proyecto de ley sobre identidad de género.
 
Al rendir el EPU, el Estado chileno tiene una nueva oportunidad de comprometerse con las recomendaciones que le hagan sus pares para garantizar el ejercicio pleno de los DH.
 
*Texto retomado del portal Corporación Humanas.
**Subdirectora de Corporación Humanas.
 
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