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Excluyen 3 conclusiones de informe sobre violencia en Guanajuato

Por Anaiz Zamora Márquez
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A casi cuatro meses de que se solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado de Guanajuato, el gobierno federal dio 13 recomendaciones a la administración local para que enfrente el feminicidio, aunque omitió otras tres que a consideración de académicas son fundamentales.
 
Ayer la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) –en su papel de presidenta del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEV)–, entregó al gobierno de Guanajuato, encabezado por Miguel Márquez Márquez, el informe del Grupo de Trabajo que investigó la violencia feminicida en la entidad y que fue denunciada en marzo pasado por el Centro Las Libres.
 
El documento es resultado de la investigación que el Grupo de Trabajo –integrado por Conavim, los institutos Nacional de las Mujeres (Inmujeres), de la Mujer Guanajuatense (IMG), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y cuatro integrantes de la academia– y del que emanan las 13 recomendaciones al gobierno estatal, que de ser aceptadas deben cumplirse a más tardar en seis meses, según estipula el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLM).
 
No obstante, del informe final fueron excluidas otras tres recomendaciones: “investigar de manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial los actos presuntamente constitutivos de violencia contra las mujeres”; crear un mecanismo adecuado para el otorgamiento de las medidas de protección y que se les dé seguimiento, y que las instituciones de salud avisen al Ministerio Público de los hechos constitutivos de violencia contra las mujeres.
 
De las exclusiones da cuenta un anexo incluido en el mismo informe, signado por las académicas investigadoras Yessica Ivet Cienfuegos Martínez, Cynthia Galicia Mendoza y Rosalba Vázquez Valenzuela, quienes en su momento acusaron desinterés de parte de los representantes del gobierno federal en la realización el estudio. 
 
En el mismo anexo las académicas explican que en una reunión el pasado 13 de junio, el Grupo de Trabajo revisó y aprobó las conclusiones del informe pero dejó fuera tres propuestas “por votación mayoritaria en contra”. Ante ello, las investigadoras solicitaron que se incluyeran en el informe “por su relevancia”.
 
CONCLUSIONES
 
Las 13 observaciones finales que fueron emitidas y que el gobierno local debe cumplir en seis meses, en caso de aceptar el informe, establecen realizar programas de capacitación y profesionalización permanente en materia de Derechos Humanos (DH) y perspectiva de género, así como fortalecer al IMG.
 
Igualmente, elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; rediseñar el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, y establecer de manera permanente una instancia de seguimiento de la violencia feminicida que cuente con la participación de organizaciones civiles.
 
El gobierno de Guanajuato debe generar protocolos de actuación especializados que incorporen la perspectiva de género para los cuerpos de policía, así como adecuar y publicar los protocolos de investigación sobre la no localización de mujeres, feminicidio, violencia intrafamiliar y violación.
 
También es necesario especializar y fortalecer la atención que brindan los Centros Multidisciplinarios de Atención Integral a la Violencia y continuar el proceso de creación de un Centro de Justicia para las Mujeres; crear un programa de atención a hombres generadores de violencia; campañas de prevención de la violencia de género y feminicida, y difundir las sentencias con perspectiva de género dictadas por el Poder Judicial del estado de Guanajuato.
 
Otra de las recomendaciones emplaza al gobierno local a reformar el Código Penal estatal en los delitos que vulneran los DH de las mujeres.
 
En el informe de 83 páginas el Grupo de Trabajo subraya que el gobierno de Guanajuato “no puede alegar su derecho local para dejar de investigar la totalidad de los asesinatos violentos contra mujeres a partir de la hipótesis  de violencia feminicida”, pues una de sus obligaciones es considerar el feminicidio como un delito y como una grave violación a los DH de las mujeres.
 
Lo anterior porque en la respuesta que el gobierno local emitió en su momento por la solicitud de AVG, argumentaba que los hechos denunciados por Las Libres carecían de precisión, y no contaba con el respaldo suficiente para sustentar la información.
 
De la respuesta estatal también se detectó que el Poder Judicial ha sancionado cinco de los 20 delitos de feminicidio aceptados como tal por el estado, y dos de los 52 homicidios dolosos de mujeres. Lo que se traduce en que sólo 20 por ciento de los casos que reconoció como feminicidio obtuvieron una sentencia condenatoria.
 
Para el Grupo de Trabajo esa situación visibiliza la falta de efectividad del sistema y es una muestra de impunidad y deficiencia en la impartición de justicia.
 
El gobierno de Guanajuato cuenta con 15 días para admitir las recomendaciones del informe; de no hacerlo de manera inmediata se declararía la AVG en la entidad, según lo establece el Reglamento de la LGAMVLV.
 
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