El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) exhortó al Congreso de Guatemala para que apruebe la constitución de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), iniciativa que será votada el próximo 1° de agosto.
Con esta Comisión, dice CEJIL en un comunicado, se logrará fortalecer e impulsar la investigación y la persecución penal de delitos cometidos por cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, los cuales están directa o indirectamente vinculados con agentes del Estado, o cuentan con capacidad para lograr la impunidad de sus acciones.
Desde diciembre del 2006, el gobierno guatemalteco y la Organización de Naciones Unidas (ONU) firmaron el acuerdo para conformar la CICIG. En mayo de este año, la Corte de Constitucionalidad se pronunció al respecto y señaló que el establecimiento de la CICIG coadyuvará en la investigación de delitos de acción pública y que su constitución no afectaría la autonomía del Ministerio Público.
La CICIG sería un instrumento para apoyar, fortalecer y coadyuvar, a través de la asistencia técnica, a las instituciones estatales encargadas de la investigación, persecución penal y enjuiciamiento.
Además, desarrollaría estudios y sistematizaría información, con el fin de ayudar a determinar las estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento de los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad.
La Comisión estará integrada por especialistas nombrados por Naciones Unidas que trabajarán en coordinación con la fiscalía guatemalteca.
La aprobación de la CICIG, por parte del Congreso guatemalteco, es urgente en un contexto caracterizado por la violencia generada por redes delictivas que han cooptado las estructuras estatales, máxime cuando investigaciones preliminares han revelado la participación de miembros de la policía y del ejército en estos grupos delictivos.
Estas agrupaciones atacan e intimidan a operadores de justicia, políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y a muchas otras personas. La situación es tan grave que desde mayo del 2007, cuando se inició la campaña electoral, han ocurrido 38 asesinatos con posibles móviles políticos. La mayoría de estos crímenes continúan impunes.
Es evidente que la existencia de estos grupos paralelos menoscaba el Estado de derecho y los derechos humanos de toda la población guatemalteca. La aprobación de la CICIG daría una oportunidad para que con apoyo internacional se fortalezca la democracia y se garanticen los derechos fundamentales de la población.
Por ello, CEJIL exhortó a los diputados guatemaltecos a reforzar y hacer efectivo el compromiso de Guatemala con los derechos humanos a través de la aprobación de la CICIG.
Asimismo, recuerda al Estado guatemalteco que al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos asumió la obligación internacional de asegurar la investigación, juzgamiento y sanción a responsables de graves violaciones de derechos humanos, concluye el comunicado.
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