El Ejecutivo Federal violenta la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al trasladar al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y con ello disminuir la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, toda vez que la ley da pauta para que se generen mecanismos e instituciones para la defensa y erradicación para la violencia contra ellas, denunció la legisladora Rosario Ortiz Magallón.
«El problema, abundó la legisladora feminista, es que empiecen con una comisión, porque siguen con las fiscalías federales y locales». Agregó que si bien es cierto que los resultados no han sido lo que se esperaba o se deseaba, es porque el problema no lo resuelve una comisión. Se tiene que tener bien claro, dijo, que se requiere de una política de Estado, una política del gobierno federal, que respalde e impulse las propuestas para erradicar la violencia y resolver el problema de la impunidad que se vive en el país.
En tanto, la integrante de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Elda Gómez Lugo, anunció que en breve presentarán un exhorto al presidente Felipe Calderón Hinojosa para que no minimice la comisión, sino que genere los mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres.
Gómez Lugo aseguró que debido a que el «traslado» de la comisión es un punto álgido, en la próxima reunión de la Comisión de Equidad y Género se abordará el tema, con la finalidad de dar una solución inmediata a la decisión del gobierno federal de ubicarla en el Inmujeres.
UNA POLÍTICA DE GOBIERNO
En el marco de la «Mesa de Medios y Género. La Reforma del Estado con perspectiva de género», organizada por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y la Fundación Friedrich Ebert, Rosario Ortiz aclaró que la violencia contra las mujeres no es un problema de privacidad que se ubique en el marco de la familia, sino de salud pública y de derechos humanos de la mujer, que no habrá de resolverse si el gobierno federal lo sigue viendo como algo privado.
Y, adelantó que «mientras el Ejecutivo federal no lo asuma como una política de su gobierno, pues seguiremos -las mujeres- impulsando una y otra y otra propuesta, porque no vamos a dejar de generar mecanismos y propuestas que beneficien a las mujeres».
«No debemos permitir que el problema de la violencia lo vuelvan a encerrar en el mundo de la familia, no es ese el problema. Tenemos que pelear porque todo lo que hemos avanzado –posesionando, denunciando y construyendo– no sufra un retroceso, porque el cierre de la citada comisión es un retroceso», enfatizó la experta en temas de género y derechos humanos laborales.
Rosario Ortiz dijo que la tarea de las legisladoras es hacer una propuesta para que si ahora los institutos no responden, se haga una revisión y una propuesta para que vuelvan a tomar sus perspectivas ciudadana, de derecho, de defensa para las mujeres y, en ese sentido, no permitir retrocesos en el avance en los derechos de las mujeres.
La legisladora perredista manifestó que la medida del Gobierno federal para cerrar la comisión no se debe echar al cesto de la basura cuando la violencia se agudiza, y el problema del narcotráfico va a profundizar aún más la violencia contra las mujeres.
Para Marusia López, responsable del área de vinculación con Movimientos Ciudadanos del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, los instrumentos que se han construido desde el Congreso y desde el Ejecutivo federal y a nivel local para atender este tema han sido limitados, ya que no sólo no se han resuelto los casos ya documentados, sino que siguen apareciendo casos de mujeres muertas y violadas.
Aseguró que no es casual que cierren esos mecanismos, cuando la violencia perpetrada por agentes del Estado ha venido en aumento y citó los casos de Castaños, Coahuila; San Salvador Atenco, Estado de México, y Oaxaca.
Para concluir, Marusia López manifestó que aún «estamos en espera de que se sancione conforme a derecho a los inculpados en esos casos, y que se deje de hostigar a quienes han estado defendiendo jurídicamente a las víctimas y a sus familiares».
07/MLT/GG
