Ante la grave situación de la niñez en México, donde casi 16 mil niñas y niños son víctimas de explotación sexual y comercio infantil, cerca de 1.2 millones de entre 5 y 14 años de edad no asisten a la escuela y un millón de menores de cinco años padecen desnutrición crónica, más de cien estudiantes de tercero y sexto grado de primaria de diferentes partes de México exigieron a legisladores y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) el cumplimiento de sus derechos humanos.
Participantes en el II Foro Virtual «La voz de las niñas y los niños por un mundo mejor,? ¿y tú, qué opinas?», llevado a cabo en la Cámara de Diputados, señalaron que «se castigue el maltrato físico y psicológico», pues entre el 14.3 y el 20.1 por ciento de las niñas lo sufren y la mitad de las y los adolescentes también lo enfrentan, de acuerdo con la encuesta realizada por Inmujeres y el Instituto Nacional de Psiquiatría.
La exigencia de las y los estudiantes sobre el respeto a sus derechos humanos deriva de que más de 6 mil niñas y mujeres fueron asesinadas en los últimos años, y la tasa de mortalidad por homicidio en México fue de 6.0 entre adolescentes de 15 a 17 años y de 1.6 para niñas y niños de entre 0 y 4 años, de acuerdo a estimaciones realizadas por La Red por los Derechos de la Infancia.
En el foro, las niñas y los niños, también exigieron «que se castigue y se prevenga la explotación sexual infantil» pues, según Unicef en México, alrededor de 16 mil menores de edad son víctimas de explotación sexual y comercio infantil.
Al respecto, Daniel Camazón, representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dijo que es necesario diseñar políticas públicas para sensibilizar a la población en torno a la protección de sus derechos.
Las niñas y los niños reclamaron asimismo «que toda la infancia cuente con educación, donde las escuelas se comprometan a recibirlos a todos sin importar religión, nivel social, género, etnia, o si son niños con capacidades diferentes».
Y es que según la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, realizado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), 46.26 por ciento de las y los jóvenes mexicanos no estudian y una gran parte de ellos dejaron de hacerlo desde los 15 años.
Camazón reconoció como «un mandato constitucional el que todos los niños en el rango de esa edad asistan a la escuela y tengan una educación de calidad; por lo que debemos construir juntos el camino para erradicar, en el más corto plazo, esas desigualdades», dijo.
Ante la existencia de niñas y niños que viven en la calle, las y los participantes exigieron «que se acabe con la discriminación» y que «se hagan albergues para ellos», pues, según cálculos de la Asociación Psicoanalítica de Orientación Lacaniana (APOL), en México hay casi 95 mil niñas y niños en situación de calle en las principales 100 ciudades del país, y que 52.1 por ciento tienen menos de 14 años de edad.
Asimismo, destacaron la necesidad de «que toda la infancia al nacer reciban un acta de nacimiento, nombre, nacionalidad», ya que el informe La Infancia Cuenta en México, de La Red por los Derechos de la Infancia, dice que durante 2004 el 25 por ciento de la población infantil no fue registrada antes de cumplir el año.
Las niñas y los niños procedentes de Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California Norte, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Tlaxcala, también reclamaron por campañas de sensibilización para los padres sobre la responsabilidad de proporcionar a sus hijas e hijos una vida digna, por que se difundan los derechos de la niñez a través de alianzas con los medios de comunicación.
Esta iniciativa busca que la niñez conozca sus derechos y se apropien de ellos en un ambiente de apertura de espacios de reflexión.
El proyecto fue impulsado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE).
Las conclusiones fueron recibidas por los Presidentes de las mesas directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores respectivamente, de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos, así como de representantes de Unicef y el ILCE, en compañía de representantes de la titular de la SEP.
También asistieron representantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
07/NS y LGG/GG/CV
