La Comisión Especial para dar seguimiento al avance de las Investigaciones en torno al caso de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez en el Senado de la república, presentará mañana un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR), gire instrucciones a la Fiscal Especial, María López Urbina, a fin de que entregue las investigaciones que involucran a 81 servidores públicos estatales en posibles responsabilidades administrativas o penales.
La presidenta de la citada comisión, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leticia Burgos comentó que se demandará a las autoridades del estado de Chihuahua, integrar las averiguaciones previas, utilizando las evidencias que la fiscal proporcionó, sin que para ello se realicen más investigaciones que pudieran retrazar el ejercicio de las acciones penales correspondientes.
Se llamará a los familiares de las víctimas que pudieran estar involucradas en los casos analizados y que sirvieron para encontrar evidencias y, se buscará acelerar el análisis de los expedientes que le turnara la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además de enviar a las autoridades correspondientes todos los casos en que se encuentren evidencias de responsabilidad penal o administrativa de servidores públicos.
Las consideraciones hechas para presentar el punto de acuerdo, obedecen a que han pasado más de seis semanas y todavía la Comisión Especial no cuenta con mayor información de los servidores públicos presuntamente responsables, ni del seguimiento que las autoridades locales han hecho al respecto.
«Se ignora si se ejercitaron o no las acciones penales correspondientes para sancionar a esos servidores públicos que con sus irresponsabilidades u omisiones favorecieron la impunidad «, explicó la legisladora Burgos.
El pasado 3 de junio, la Fiscalía Especial proporcionó entre otros avances, evidencias que confirman lo señalado por la CNDH en su recomendación 44/98 y en su Informe Especial de 2003 sobre la responsabilidad de 167 servidores públicos estatales, de los cuales 81 resultaron con posibles responsabilidades administrativas o penales.
La senadora consideró que el feminicidio en Ciudad Juárez requiere de acciones decididas de la federación, al considerar que los familiares de las víctimas merecen la acción de la justicia inmediata. «Estamos convencidas de que sólo a través del combate decidido a la impunidad se trabajará de manera sistemática, para ello se requiere de cuerpos policiales y ministeriales comprometidos con la procuración y administración de justicia».
De acuerdo a Amnistía Internacional (AI), en la ciudad fronteriza han sido asesinadas en los últimos 10 años, más de 400 mujeres, mientras que continúa el debate sobre el número de desaparecidas, calculadas en alrededor de cuatro mil.
2004/JG/GV
