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Exige sociedad civil que comparezca directora del DIF

Por Miriam Ruiz

Representantes de una docena de redes y organizaciones civiles pro familias diversas solicitarán al Congreso mexicano llame a comparecer a la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ana Teresa Aranda por violentar al Estado laico al apoyar el Tercer Congreso Mundial de las Familias.

Así lo anunció hoy en conferencia de prensa José Angel Aguilar Gil, presidente de la Red Nacional Democracia y Sexualidad (Demysex), que engloba a 227 grupos en pro de los derechos sexuales en el país, al señalar que es inconstitucional que el DIF y otras dependencias como la Secretaría del Trabajo e incluso Petróleos Mexicanos (PEMEX) apoyen foros contra la educación pública y laica que además atentan contra la política nacional de población.

Aclaró que si bien las organizaciones religiosas y sus feligreses tienen derecho a reunirse, va contra el Estado laico el apoyo de funcionarios –como el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, y al gobernador tabasqueño, Manuel Andrade–, a propuestas para hacer políticas públicas con tintes religiosos.

En respuesta a las calificaciones de «radicales», hechas en conferencia de prensa el miércoles 31 de marzo, por Ana Teresa Aranda, a éstas 12 organizaciones, José Aguilar recordó que el esfuerzo a favor de la diversidad familiar está integrado por académicas que, durante cerca de tres décadas, han orientados sus estudios hacia temas como trabajo, familia y derechos humanos.

La crisis en las familias responde al modelo económico que dejó los salarios en una quinta parte de su valor de 1976 a la fecha, y no a la salida de las mujeres al mercado laboral, sostuvo Clara Jusidman, especialista en derechos humanos y ex secretaria de Desarrollo Social en el Distrito Federal.

Desde el análisis de Jusidman, representante de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide), detrás del grupo empresarial, conservador, y apoyado por la administración Bush, que organizó el congreso subyace la idea de sancionar la salida de las mujeres a trabajar y valorar su tarea como reproductoras del «capital humano.»

Tras rechazar las ideas presentadas en el congreso por Gary Becker, Premio Nobel de Economía 1992, en torno a recortes a servicios de guardería y apoyos a madres solteras y embarazadas, Jusidman dijo que la primera política a favor de las familias mexicanas sería aumentar el salario mínimo legal, actualmente en la línea de pobreza.

Así como mejores políticas de apoyo social a la crianza infantil o cuidados de personas mayores y enfermos, al advertir que las mujeres no van a regresar a sus casas y requieren el apoyo de hombres, Estado y sociedad civil.

Por su parte, Ana Lidia Murillo Camacho, coordinadora en Sinaloa de la organización Mujeres y Punto, consideró un riesgo a la salud adolescente que se destinen recursos a la promoción de la abstinencia sexual en vez de dotar esos recursos a la educación y prevención del VIH/Sida mediante el uso de condones.

2004/MR/BJ/SM

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