Organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DH) exigieron al gobierno federal y del estado de Puebla que brinden medidas efectivas de protección para las y los integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), quienes desde hace dos años han sufrido amenazas y agresiones.
En conferencia de prensa, Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red de Organismos de Derechos Humanos «Todos los derechos para todos y todas», refirió que la falta de medidas de protección se traduce en un mensaje de impunidad que refuerza el riesgo al que ya están expuestas las defensoras y defensores de DH.
La última agresión que sufrió el CAT y en particular su directora, Blanca Velázquez, fue el pasado 27 de julio cuando el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Luis Espinoza Rueda, calificó como «un peligro» la labor que realiza el centro y su líder.
Agnieszka Raczynska señaló que la declaración del dirigente empresarial forma parte de una campaña de desprestigio contra el CAT, la cual aumenta la vulnerabilidad de sus integrantes, quienes requieren medidas de protección de manera inmediata.
Desde hace 10 años, el CAT es la única organización dedicada a la defensa y promoción de los DH y laborales de las y los trabajadores de las industrias automotriz y de la confección en Puebla. Han documentado las violaciones cometidas en contra del sector e impulsado su organización sindical independiente.
El centro está encabezado por Blanca Velázquez, quien en enero de 2011 recibió amenazas de muerte a través de su correo electrónico. Un mes antes, sus oficinas fueron atracadas y se llevaron equipo de cómputo, así como documentos que detallan la situación de las y los trabajadores en Puebla.
Previo al robo, pintaron las instalaciones del CAT con el mensaje: «No saben con quién se meten», denunció Alejandra Ancheita, del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC).
Por estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgó medidas cautelares a Blanca Velázquez y a quienes conforman el CAT, las cuales se han aplicado de forma deficiente, mencionó Ancheita.
Por ejemplo, una de las medidas dirigidas al gobierno de Puebla era que vigilaran las oficinas del CAT, pero debido al riesgo que representaba para sus integrantes acudir a su centro de trabajo decidieron laborar desde otro lugar.
Esta decisión fue informada a las autoridades del estado, sin embargo, las patrullas continúan haciendo los rondines en las oficinas vacías.
Otra de las medidas solicitadas es que encuentren a los culpables de robo y amenazas en contra de las y los defensores de DH, pero a la fecha no han investigado nada, ya que la información contenida en las averiguaciones previas es la que proporcionó el CAT y el ProDESC en coadyuvancía con el Ministerio Público.
Con la finalidad de hacer visible el aporte de las personas que promueven el respeto de los DH, el gobierno de Puebla y la CNDH asumieron el compromiso de impulsar campañas, que sean un contrapeso al descrédito y descalificación a esta labor, pero tampoco se ha llevado a cabo.
De acuerdo con Ancheita, durante las reuniones de defensores de DH con la Secretaría de Gobernación (Segob), las deficiencias en la aplicación de medidas de protección de debe a que carecen de presupuesto suficiente para implementarlas.
Ante el crítico panorama, Andrea Medina, de la Red de Defensoras de Derechos Humanos, condenó la impunidad en la que se mantienen los ataques contra el CAT y exigió, a nombre de más de 20 organizaciones, que con «claridad y coherencia» se genere el mecanismo de protección para las defensoras y defensores de DH, que anunció Felipe Calderón en el marco de la visita de la Alta Comisionada de la ONU para los DH, Navy Pillay.
Este mecanismo es fundamental para que casos como el del CAT no queden impunes y quienes defienden los DH no estén en peligro constante.
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