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Exigen a candidatos incluir agenda de género en Coahuila

Por Sofía Noriega, corresponsal

Organizaciones civiles de mujeres, académicas y defensoras de los derechos femeninos entregaron a los candidatos a la gubernatura del estado de Coahuila un documento con diversas propuestas para que se institucionalice la perspectiva de género en la administración local.

Activistas del Consejo Ciudadano Permanente e investigadoras universitarias demandaron a los aspirantes acciones legales y de gobierno que garanticen a las coahuilenses una mayor participación política, el derecho a la salud sexual y reproductiva, al trabajo bien remunerado y a vivir una vida libre de violencia.

La propuesta va dirigida a los candidatos Guillermo Anaya (PAN), Rubén Moreira (PRI), Genaro Fuantos (PRD) y Jesús González Schmal (PT). Las elecciones en la entidad son el próximo 3 de julio.

Rosa Esther Beltrán, catedrática de la Universidad Autónoma de Coahuila, resaltó que en primera instancia se necesita que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos.

“Nuestra presencia en el Congreso local no ha superado el 20 por ciento en el mejor de los casos, aun cuando desde hace más de 10 años contamos con la cuota de género”, advirtió.

Beltrán destacó la problemática de las mujeres en el mercado laboral en el estado: “La participación femenina en el mundo del trabajo es todavía muy bajo”.

Explicó que lo anterior se debe a la división sexual del trabajo que ha hecho responsables a las mujeres de realizar las tareas domésticas, que además no se pagan ni se reconocen, y por la segmentación del mercado laboral “que reproduce esta división ofreciendo a las mujeres actividades con sueldos menores”.

En el documento se propone garantizar el servicio de guarderías a mujeres y hombres trabajadores, así como estancias para las trabajadoras que no están incorporadas al sistema de seguridad social.

Las activistas Thelma Ferrer, Juana María Alanís, Hortencia Hernández, Alma Rosa Garza Del Toro y Andrea Ambrocio consideraron que todos los actores políticos “pueden y deben” impulsar estas propuestas al interior del Congreso local. Demandaron a la Comisión de Equidad y Género que dé seguimiento a las propuestas.

En el documento entregado a los candidatos se observa que los marcos jurídicos creados no han sido suficientes para frenar la violencia de género, como tampoco para normar la actuación de los impartidores de justicia.

“Proponemos, homologar las leyes estatales con los marcos nacionales e internacionales y modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado de Coahuila con la Ley General, ya que la local no incorpora los elementos que configuran nuevas prácticas delictivas o nuevas formas de ver la violencia hacia las mujeres, como el feminicidio y la misoginia”.

El Consejo Ciudadano Permanente y las académicas apuntaron que el embarazo en adolescentes en el estado ha tomado una proporción que pone en riesgo su desarrollo y el de sus familias, sobre todo de las más pobres.

“Es prioritario detectar de manera oportuna enfermedades crónico-degenerativas por condición de género y edad, así como crear un programa de información y acceso personalizado a los anticonceptivos”.

Acusaron que a más de 10 años de creado, el Instituto de las Mujeres de Coahuila –encargado de impulsar la perspectiva de género en la administración estatal– no ha cumplido con sus objetivos.

“Hace falta voluntad política para integrar la cultura institucional y transversalizar la perspectiva de género en los programas gubernamentales, así como formar un Consejo Ciudadano que vigile e informe sobre las funciones que desempeña cada una de las instancias e institutos de las mujeres”, abundaron.

Las activistas propusieron también la creación de la Secretaría de la Mujer como un órgano con más facultades para instaurar una política de transversalización del género en la entidad.

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