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Exigen a Corte resuelva recursos contra penalización del aborto

El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, conformado por 14 organizaciones humanitarias, protestó frente a la Corte Suprema de Justicia (CJS), y entregó un escrito para demandar respuesta sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados en 2006 contra la penalización del aborto terapéutico en Nicaragua.
 
Una delegación de las organizaciones fue atendida por el secretario de la CSJ, Rubén Montenegro, quien recibió el escrito pero se limitó a decir que lo pasaría a los magistrados porque los recursos ya se tramitaron, lo que falta es que ellos se pronuncien. 
 
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Gonzalo Carrión, quien entregó el escrito en nombre de las 14 organizaciones, lamentó que los magistrados no den respuesta a los recursos de inconstitucionalidad, en contraste con la “beligerancia” que han mostrado contra la Ley 779, que penaliza todo tipo de violencia contra las mujeres.
 
“Que dejen de jugar a la bola escondida y que no evadan su deber constitucional, es demasiado el retardo de justicia”, reclamó el abogado del CENIDH.
 
Cada año aumentan las niñas embarazadas producto de la violencia sexual, denunció en tanto Martha María Blandón, integrante del Grupo Estratégico y de Ipas-Centroamérica.
 
En 2011 se registraron mil 453 partos de niñas de 9 a 14 años que llegaron al sistema de salud y la cantidad podría ser mayor porque no todas acuden a los hospitales, según datos del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico.
 
“Hay adolescentes que se suicidan cuando resultan embarazadas por violación, porque no tienen la opción de interrumpir el embarazo y lo que es peor, hay casos de niñas que presentan embarazos con malformaciones, y lo que les dicen en el sector salud es que en vez de comprar la cuna que compren el ataúd”, dijo María Isabel Maltés, de la organización Alternativa Por una Vida Plena.
 
El aborto terapéutico fue penalizado en 2006 ante las presiones de las iglesias católicas y evangélicas y los grupos Provida, que acusaban a algunas organizaciones de mujeres de “abortistas”.
 
La Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional han recomendado al Estado nicaragüense atender las demandas de salud integral de las mujeres, para evitar muertes por complicaciones en el embarazo.
 
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