Debido a la constante violación de derechos humanos (DH) de mujeres y hombres migrantes, originarios sobre todo de Centro y Sudamérica, en estaciones migratorias mexicanas, organizaciones defensoras de esta población exigieron al gobierno federal un acuerdo institucional, que además de protegerlas, les permita llevar a cabo su labor.
En rueda de prensa, Melissa Vértiz Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, relató que hace tres meses, el Instituto Nacional de Migración (INM) les negó el acceso a la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas, luego de que esta organización documentó la transgresión a los derechos de personas migrantes en ese lugar.
Para volver a entrar, a fin de seguir con la investigación, monitoreo y asesoría jurídica para las personas migrantes, el Fray Matías de Córdoba, entregó la documentación que en junio pasado le solicitó el INM, sin embargo, la dependencia les indicó que sólo podrían acceder a las áreas que el jefe de la estación permitiera.
Este hecho, significaría una grave limitación del trabajo de verificación, investigación y denuncia, por lo que la organización insistió y ayer se entrevistaron con personal del INM y llegaron a un acuerdo, que si bien representa un avance, queda pendiente que éste sea institucional para que las autoridades estén obligadas a cumplirlo.
El acuerdo consiste en que el personal del Centro de DH podrá ingresar ocho veces por mes a las áreas comunes, dos de estas visitas, serán para observación física de las instalaciones. Los señalamientos y peticiones que realicen se enviarán al INM.
Acuerdos como éste, son importantes para que las organizaciones defensoras de DH de las personas migrantes en el país, realicen su trabajo, ya que con frecuencia las autoridades de migración obstruyen este trabajo, con acciones como la restricción del acceso que recién padeció el Fray Matías de Córdoba.
DENUNCIA Y APOYO A MIGRANTES
Leonardo Maldonado, del Centro de DH, Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que la labor de las y los defensores de DH es fundamental para denunciar la situación de personas migrantes, víctimas de abuso en el país.
En un contexto de «violencia extrema» en contra de las mujeres y hombres migrantes, se requieren cambios estructurales y no sólo acciones que obedezcan a la coyuntura. Por lo que, «demandamos al Estado mexicano se siente a generar estrategias conjuntas para proteger a las y los defensores de derechos humanos de migrantes y a que posibilite su labor», mencionó.
El papel de las autoridades consiste en la regulación de las visitas y acciones que realizan las organizaciones en defensa de los derechos de las y los migrantes, sin embargo, hasta ahora, el gobierno federal no ha querido dar ese paso, señaló Blanca Martínez, del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, ubicado en Saltillo, Coahuila.
Mencionó que la obstaculización al trabajo de las y los defensores atiende a política de carácter federal de tratar de invisibilizar la serie de violaciones de derechos humanos de las personas migrantes en las estaciones migratorias del país.
Por ello, en vez de una normalización, «nos reducen a acuerdos en cada estado, que dependen de la buena voluntad de los funcionarios, que son sumamente insuficientes; vamos a aprovechar las condiciones mínimas que logramos, pero no estamos de acuerdo en que sean tan limitadas».
Blanca Martínez mencionó que van a seguir insistiendo para tener «presencia permanente» en las estaciones migratorias con el propósito de continuar con la documentación y denuncia de las múltiples violaciones a los derechos humanos de las y los migrantes.
TRANSGRESION AL DEBIDO PROCESO
Con base en el informe Derechos Humanos y Condiciones de Detención en la Estación Migratoria Siglo XXI, que elaboró el Fray Matías de Córdoba en 2009, Melissa Vértiz señaló que las violaciones a los DH de las personas migrantes en ese lugar parte de la transgresión al debido proceso.
Las y los migrantes carecen de una representación legal, quienes hablan lenguas indígenas no tienen un intérprete. Y quienes tienen posibilidad de quedarse en el país como refugiadas, lo desconocen porque las autoridades en la estación violentan su derecho a la información, a la salud y a la alimentación sana.
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