Inicio Exigen censo de niñas y niños canalizados a albergues privados

Exigen censo de niñas y niños canalizados a albergues privados

Por Sanjuana Martínez

Al cumplirse un año de la retención ilegal de las niñas Diana Lizeth y Adriana Guadalupe y del niño Julio César por parte de Caifac Monterrey (Centro de Adaptación e Integración Familiar AC), representantes de la sociedad civil responsabilizaron al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León de la desaparición de los menores de edad.

En un plantón de protesta realizado frente a las instalaciones del albergue “Capullos”, a cargo del DIF, el grupo de manifestantes exigió la localización inmediata de las dos niñas y el niño y solicitó a las autoridades judiciales se investigue la posible connivencia del DIF en el secuestro de éstos, pues esta institución “tuvo a las y los niños luego de las denuncias penales presentadas por sus madres y tenía la oportunidad de resguardarlos.Sin embargo, en lugar de protegerlos los entregó nuevamente a Patricia Murguía, directora de Caifac Monterrey, hoy prófuga de la justicia y en búsqueda y captura. Estamos hablando de trata de menores”, afirmó Liz Sánchez, directora de Alternativas Pacíficas.

Los convocantes de organizaciones no gubernamentales como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Alianza Feminista de Nuevo León, Arthemisas por la Equidad, Colectivo Plural de Mujeres, Género, Ética y Salud Sexual, y Pro Salud Sexual y Reproductiva, exhibieron una pancarta con la leyenda: “Que no se apague la luz. Queremos ver sus caras”.

Las y los niños desaparecidos forman parte de la red de albergues dirigidos por la Iglesia Cristiana Restaurada fundada por Jorge Erdely Graham y se suman a los 11 desaparecidos de Casitas del Sur en el Distrito Federal y los 11 de “La Casita” de Cancún. En Monterrey fue Sergio Humberto Canavati Ayub quien fundó Caifac Monterrey, y quien se encuentra en paradero desconocido y hoy dirige “Esperanza para la Familia”, organización ubicada en la calle Hidalgo en el centro de la ciudad.

Ante la indiferencia del DIF nacional y del estatal, Consuelo Espínola dijo que “la luz de la esperanza” sigue viva y por tanto seguirán luchando para encontrar a esos menores de edad: “El día que se apague la luz, ese día verdaderamente quedarán desaparecidos los niños. Por ahora lo que queremos es su pronta localización. ¿Dónde están esos niños? ¡Qué no se apague la luz!”.

Esta vez, los convocantes colocaron las siluetas de las dos niñas y el niño y las camisetas negras con la frase: “¿Dónde están: queremos ver sus caras?” sobre la entrada del edificio del DIF, institución que “no está cumpliendo con su deber de velar por los niños. El DIF no ha hecho bien su trabajo. Queremos que se le investigue y que nos digan por qué entregó a los niños nuevamente a sus secuestradores”, dijo Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Drechos Humanos, Cadhac.

En tono contundente, Claudio Tapia, del Foro Libre y Democrático de México, exigió un censo de todos los niños canalizados por el DIF a albergues privados subvencionados por el Estado, como Caifac Monterrey: “La ausencia de este censo y de otro registro del número de casas hogar que existen en la entidad descalifica al DIF, por eso nosotros lo descalificamos en su integridad jurídica y moral. ¿Cuántos más niños hay desaparecidos? Necesitamos saber toda la verdad”.

La presidenta y fundadora de Alternativas Pacíficas, Alicia Leal, se dirigió a las madres de las niñas y el niño desaparecidos y destacó la necesidad de crear mecanismos para ayudar a las madres que en soledad crían a sus hijos: “Estamos aquí para acompañarlas. No las dejaremos solas. Estaremos a su lado hasta que los niños aparezcan”.

En el plantón se cuestionó la “forma ilegal” en que el DIF supuestamente obtiene la custodia de algunas niñas y niños, haciendo firmar a sus padres biológicos documentos para entregarlos en adopación. “Es completamente ilegal lo que hacen. Sólo un juez puede dar la custodia no el DIF”, dijo Morales.

Precisamente María Inés Bernal Hernández, madre de Adriana Guadalupe y Julio César, recordó que fueron Patricia Murguía y la directora del DIF las que la llevaron ante el Registro Civil para que registrara a sus hijos, pero como no sabe leer ni escribir, no supo lo que decía el papel: “Patricia firmó por mí. Mis hijos no tenían acta de nacimiento. Y luego de eso empezaron a negarmelos. Ya no los volví a ver”, relata.

09/SM/LG

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