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Exigen destitución de juezas que promovieron Alienación Parental

Por Anayeli García Martínez
plantonjuzgados

Organizaciones de mujeres exigieron al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) la destitución de las juezas Cristina Espinoza Rosello y Silvia Araceli García Lara por no proteger el interés superior de la infancia ni los derechos de las mujeres en los casos de guarda y custodia donde se presume violencia sexual infantil.
 
La mañana de ayer mujeres y representantes de organizaciones como la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, Justicia Pro Persona, Vereda Themis y Rehilete Instituto de Investigación y Estudios para la atención de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes protestaron frente a los juzgados del TSJ. 
 
Las manifestantes denunciaron el actuar irresponsable de las juezas Espinoza Rosello y García Lara, titulares de los Juzgados Décimo y Undécimo de lo Familiar, quienes revisaron el expediente del caso de Mireya Agraz Cortés, la mujer que presuntamente se suicidó junto con sus tres hijos después de que las juezas concluyeran que falseó la imputación de abuso sexual contra dos de sus hijos.
 
El 7 de junio de 2017 la policía encontró los cuerpos de Mireya, sus hijas gemelas de seis años de edad, su hijo, su padre y su madre (quien sobrevivió). De acuerdo con las organizaciones al parecer la mujer se quitó la vida después de que la  jueza Silvia Araceli García Lara determinara que la niña y el niño que acusaron a su padre de abuso sexual mintieron.
 
Las juzgadoras alegaron que los dos menores de edad hicieron una acusación falsa manipulados por Mireya y determinaron que eran víctimas de Alienación Parental, una figura jurídica que se derogó del Código Civil de la Ciudad de México el pasado 1 de agosto y que servía al Tribunal Superior de Justicia para desestimar las denuncias de abuso sexual infantil.
 
Desde 2010, Mireya detectó violencia sexual contra su hijo de 3 años y en 2014 inició un proceso legal en contra de su exesposo Leopoldo Olvera Silva para divorciarse y denunciar el delito; además denunció amenazas de su ex pareja y aún con los antecedentes de denuncias en 2016 la jueza le otorgó al padre la custodia de las niñas y el niño.
 
Además, a pesar de la denuncia que Mireya hizo desde 2011, en el proceso la Jueza Décima de lo Familiar, Cristina Espinoza Roselló, determinó el divorcio incausado de la pareja y  un régimen de visitas y convivencias provisional en el Centro de Convivencias del TSJ entre Leopoldo Olvera Silva y sus hijas, a pesar de la evidencia proporcionada respecto a la violencia sexual contra el niño.
 
Es por ello y, ante el nulo avance en el caso, que el Colectivo Justicia y Género, integrado por organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y de las mujeres, exigieron la destitución inmediata de las y los operadores encargados de la supuesta impartición de justicia involucrados en el caso y la revisión del Protocolo de actuación y operación del Centro de Convivencias del TSJ.
 
Si bien el colectivo Justicia y Género celebró la reciente derogación de la figura jurídica de Alienación Parental, reforma que entró en vigor el pasado 4 de agosto, señaló que aún es necesario que desaparezca el Departamento de Alienación Parental del Tribunal Superior de Justicia y que juezas y jueces dejen de utilizar este concepto en los casos de guarda y custodia de menores de edad.
 
Tras la protesta la titular de la Dirección de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del TSJ, María Elena Lugo del Castillo, recibió a una comitiva de mujeres, con quienes se comprometió a tener una reunión con el presidente del Tribunal capitalino, Álvaro Augusto Pérez Juárez, para que atienda sus demandas de impartir justicia con perspectiva de género.
 
La funcionaria se comprometió a revisar la situación, en particular de casos donde se esté usando la Alienación Parental como una herramienta para resolver juicios donde se alega abuso o violación sexual infantil sin embargo señaló que la destitución de las juezas se debe hacer mediante los procesos y quejas administrativas correspondientes.
 
17/AGM

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