El reglamento de la Ley de Migración, que actualmente elabora la Secretaría de Gobernación (Segob), deberá establecer desde una perspectiva de género y de Derechos Humanos (DH) los mecanismos para aplicar la legislación sin que se transgredan las garantías de las personas migrantes que cruzan el país rumbo a Estados Unidos y durante su estancia en México.
Los lineamientos para operar la ley tienen que aclarar, entre otros puntos, cuál será el modo en que las mujeres y hombres regulen su condición migratoria, por ejemplo, «cuál es el mecanismo para que tengan acceso a la visa de tránsito», señaló Gretchen Kuhner, coordinadora del Programa Mujeres en Migración del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
También se debe exponer «con claridad» cómo ayudarán a las personas migrantes que sean víctimas de algún delito en el país, para regularizar su situación migratoria y garantizar la impartición de justicia.
De igual modo, debe explicarse la forma en que llevarán a cabo los operativos para identificar a personas migrantes, sin que haya detenciones arbitrarias que pongan en riesgo la vida de las y los migrantes.
Según organizaciones civiles, a México cada año ingresan alrededor de 400 mil personas migrantes que intentan cruzar el país rumbo a Estados Unidos, de las cuales las mujeres representan entre el 15 y 30 por ciento, señala el Imumi.
Además, el reglamento de la Ley de Migración debe garantizar desde un enfoque de género la protección de las migrantes que residen en el país.
En territorio nacional hay alrededor de 262 mil personas extranjeras, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM). El Imumi indica que la mitad de esa población está integrado por mujeres.
De acuerdo con el análisis del Imumi es preciso que la ley se aplique desde un enfoque de género y de DH, para disminuir la migración insegura en el país, que hoy es una constante.
En particular, detalló Kuhner, las acciones como las entrevistas y verificaciones realizadas por el INM y otras autoridades deben ser con respeto al derecho al debido proceso y con la capacitación adecuada que permita al personal identificar a «potenciales» víctimas de trata de personas, a solicitantes de asilo y a quienes por razones humanitarias no deberían ser repatriadas a su país de origen.
La identificación de estas personas es fundamental para evitar que con la deportación sean víctimas del delito en sus lugares de origen. Por ello, de ser necesario, el INM debe realizar una segunda entrevista para confirmar que las migrantes no corran peligro, demandó la activista.
Durante las «visitas de verificación», el personal también debe tener la capacidad de identificar la violencia ejercida contra las migrantes que residen en México, pues es común que «el cónyuge amenace a su pareja con la deportación si denuncia una situación de violencia familiar».
Lo mismo ocurre con algunos empleadores, quienes suelen utilizar ese tipo de amenazas para «controlar a las trabajadoras migrantes».
Observaciones como estas fueron enviadas por el Imumi a la Segob la semana pasada, periodo en el que otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) enviaron sus comentarios a esa secretaría para la elaboración del reglamento de la Ley de Migración, que se publicará el próximo 21 de noviembre.
Algunas OSC señalaron que la Segob no estableció «mecanismos claros» de colaboración con la sociedad civil para definir los lineamientos con los que operará la Ley.
Por su parte, la secretaría informó esta semana en un comunicado que recibió «insumos y propuestas» de representantes de la academia y OSC para la elaboración del reglamento, los cuales serán recibidos hasta el próximo 19 de septiembre.
Y añadió que tiene prevista una segunda «etapa de retroalimentación» con representantes de la academia y sociedad civil para analizar los argumentos que recién entregaron.
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