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Exigen fondo de emergencia para zanjar crisis de la CIDH

Por la Redacción

Decenas de agrupaciones del continente integradas en la Coalición de organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, además de otras redes regionales y globales de la sociedad civil, llamaron a los Estados a crear un fondo para atender la grave crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En una carta abierta, las organizaciones urgieron a financiar a la CIDH, uno de los principales órganos de protección de los Derechos Humanos (DH) que supervisa las obligaciones de todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el último recurso de defensa de las víctimas del continente ante la falta de justicia en sus respectivas naciones.
 
Destacaron la importancia de este mecanismo continental que se ha convertido en un referente internacional por su gran labor de protección de mujeres y niñas, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas con discapacidad, las personas de la comunidad lésbico-gay, y las personas activistas, entre otros colectivos.
 
Este lunes 23 de mayo, la CIDH anunció que está en una crisis financiera y que el próximo 31 de julio se vencen los contratos del 40 por ciento de su personal y no cuenta con los fondos, ni con la expectativa de recibirlos, para poder renovarlos. Además informó la suspensión de las visitas a países previstas para este año, así como la de los periodos de sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre de este año.
 
Para las víctimas de violaciones a DH en nuestro país la CIDH ha sido el organismo clave para encontrar justicia, tan es así que en los recientes cuatro años, de 2012 a 2015, México ha sido la nación con más peticiones al respecto, al sumar en este periodo 2 mil 440 solicitudes para que se analicen sus casos.
 
Apenas en 2015 el organismo recibió 2 mil 164 peticiones, de las cuales 849 eran de personas de nacionalidad mexicana que alegaban que el Estado mexicano violó sus DH, y al no encontrar una respuesta buscaron la intervención de la Comisión.   
 
Sin embargo, un caso ante la CIDH puede durar hasta ocho años de trámite, desde que se presenta hasta que se obtiene una respuesta, ya que la demanda sobrepasa la capacidad del personal, y es que tan sólo cuenta con 21 personas para realizar los miles de procedimientos, y las cuales prevé reducir a siete.
 
EXPEDIENTE MÉXICO
 
Hasta ahora seis casos mexicanos han sido llevados hasta el último proceso. Una petición se presenta ante la CIDH, pero después de su análisis el caso puede ser remitido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que tiene la facultad de emitir sentencias contra los Estados, y ordenarles indemnización y reparación del daño.  
 
El primer caso en pasar todo el proceso fue del político Jorge Castañeda, a quien se le negó su derecho a ser candidato independiente a la Presidencia de la República en 2006, por lo que el 6 de agosto de 2008 la CoIDH le dio la razón y pidió que hubiera mecanismos judiciales para respetar su derecho a la elegibilidad.  
 
El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana emitió la sentencia por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos en 2001. En su fallo, el organismo ordenó garantías de no repetición al pedir que se creara un banco de datos sobre mujeres y niñas desaparecidas, un banco de información genética, y un programa de búsqueda, entre otras medidas.  
 
La segunda sentencia contra el Estado mexicano se dictó el 23 de noviembre de 2009 por la desaparición del líder social Rosendo Radilla Pacheco a manos presuntamente del Ejército en 1974. En este caso se ordenó una reforma al fuero militar para que las violaciones a DH cometidas por soldados se investigaran ante tribunales civiles. 
 
El 30 y 31 de agosto de 2010, la CoIDH emitió dos sentencias por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas tlapanecas violadas sexualmente por militares en 2002. En esta ocasión también se ordenaron reformas en materia de justicia militar y la creación de un centro comunitario de salud, entre otras acciones.
 
La más reciente condena fue por la detención arbitraria y tortura a Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, campesinos ecologistas de Guerrero que fueron violentados por el Ejército. La Corte también emitió recomendaciones para evitar la repetición de estos casos.
 
En trámite ante la CIDH están casos emblemáticos de violaciones a DH, como la denuncia de 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México; el presunto asesinato de la defensora Digna Ochoa, el 19 de octubre de 2001; y la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, en Chihuahua en 2009.
 
También al organismo siguen llegando casos de feminicidio y desaparición de mujeres, como el asesinato de Paloma Angélica Escobar, en la ciudad de Chihuahua en 2002, expediente que está en trámite ante la CIDH.
 
Igualmente, la Comisión otorga medidas de seguridad a víctimas o activistas en riesgo por denunciar las violaciones a las garantías humanitarias.
 
Así, las organizaciones nacionales e internacionales aseguraron que este mecanismo tiene un rol no sólo en el ámbito de protección de los DH, sino también en el de acción para promover su cumplimiento, que alcanza a casi mil millones de habitantes en el continente.
 
Pese a ello, la CIDH ha contado, históricamente, con un presupuesto exiguo, que actualmente ha llegado al grado de comprometer la efectiva realización de sus funciones, por lo que las agrupaciones afirmaron que esta crisis es una oportunidad para consolidar el compromiso con los DH en América.
 
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