Unos 80 campesinos, entre mujeres, niñas, niños y varones de la Unión Nacional Anáhuac cumplieron 5 semanas de haber instalado un plantón permanente ante la representación del estado de Puebla en el Distrito Federal (Avenida Chapultepec 494, a un lado del Metro Sevilla).
¿El motivo? Exigen al gobernador Mario Marín Torres que dé la orden para frenar cuanto antes lo que denominan guerra de baja intensidad contra la localidad de Huaxcaleca, municipio de Chichiquila en la Sierra Madre Oriental poblana.
Elpidio García y otros miembros de esa organización denunciaron que no pueden regresar a esa población, ante las amenazas de muerte que pesan sobre ellos por denunciar las violaciones a los derechos humanos. Por esto, se consideran desplazados de guerra víctimas del gobernador, del presidente de la Junta Auxiliar de la región Huaxcaleca y de caciques locales, todos de filiación priista, represión continua que se ha ido incrementando desde 1997.
A ellos acusaron de querer despojarles del sistema múltiple de agua potable y de decenas de hectáreas de tierra cultivable.
Acusan a la policía municipal de llegar de improviso a las comunidades indígenas agrediendo a las y los niños, mujeres, personas ancianas, por lo que mostraron la fotografía en color ampliada de una señora mayor fuertemente golpeada con macanas en marzo pasado. Consideraron este accionar como parte de la política paulatina de genocidio contra indígenas en Puebla.
La Unión Nacional Anáhuac recordó que al levantar las denuncias correspondientes ante el agente del ministerio público en Ciudad Serdán, han sido tratados con discriminación sin que se realice la averiguación previa de los hechos denunciados.
Por tal motivo, acudieron al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que presidente Gilberto Rincón Gallardo, y al Foro que sobre el tema tuvo lugar el lunes pasado en Casa Lamm.
Se quejaron de la fabricación de culpables en hechos anteriores por parte del MP poblano, de la criminalización y difamación de su organización por el gobierno estatal.
En conferencia de prensa, se deslindaron de cualquier promoción de actos violentos al exigir justicia con base en lo asentado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del marco de la legalidad.
07/FCP/GG/CV
