Acompañada por familiares de los presos políticos de Atenco, la legisladora federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Aleida Alavez Ruiz, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar juicio político en contra del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, «por las violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes federales de los hechos acontecidos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco», de la entidad mexiquense.
Junto a María de la Luz del Valle, Rosa Nelly de la Vega Urrutia, Vidal Pilón, María de León Romero Morales y Catalina González, entre otros familiares de los presos, la legisladora perredista aseguró que el excesivo uso de la fuerza de los cuerpos policíacos del Estado de México y del Gobierno federal para resolver la petición de permisos para venta de flores los días 3 y 4 de mayo de 2006, «escondía la ira contenida de los millonarios negocios truncados por un campesinado ´necio` que se negó a claudicar en sus principios y tradiciones antes que heredar un futuro de humillación».
Aunque la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó las graves violaciones a las garantías constitucionales de las y los atenquenses, «ese órgano jurisdiccional se autocensuró y declinó su oportunidad para restablecer, por medio de su resolución, el castigo a los responsables materiales e intelectuales, activos u omisos, que permitieron las vejaciones acreditadas en el propio Pleno de la Corte», apuntó Alavez Ruiz.
VOZ DE FAMILIARES
La señora Catalina González, esposa de Felipe Álvarez Hernández, preso en La Palma, dijo en nombre de los familiares de los presos políticos: «Yo lo único que pido es que castiguen a Peña Nieto, porque los tiene secuestrados en ese penal injustamente, tiene estudiantes encerrados. No es justo porque ellos están pagando una condena que no es, Peña Nieto anda por dondequiera diciendo que lo volvería hacer».
A su vez, Vidal Pilón, padre de Alejandro Pilón, detenido y sentenciado a casi 32 años por algo que no cometió. «Nosotros no pertenecemos al Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra (FPUDT). A mi hijo lo detienen a cinco kilómetros de Atenco, ahora está sentenciado por una culpa que él nunca cometió. Los abogados demostraron su inocencia, pero lo sentenciaron: la Suprema Corte de Justicia ha dado un fallo ilógico y queda demostrado una vez más que la justicia no es para los campesinos, para la gente pobre, pueden más los intereses políticos, de personas adineradas. Aquí hay una venganza, como no los dejaron hacer su aeropuerto…»
Por su parte, María de León Romero Morales, madre de Jorge Alberto y Román Ordóñez Romero aseguró que «mis hijos están en el Molino de Flores. A ellos, al igual que el hijo del señor, los agarran a cinco kilómetros de distancia de Atenco. No somos del Frente, pero nos unimos a ellos para pedir la libertad de nuestros hijos que son inocentes, con condenas absurdas».
Y agregó: «Los policías cometieron muchos delitos y están afuera, gozando de su libertad. A nombre de las otras madres, pedimos la libertad de los presos políticos. Hay gente inocente por culpa de los políticos. Yo estuve apoyando a Peña Nieto para llegar a gobernador, hoy me dio una puñalada por la espalda. Mis hijos también estuvieron apoyándolo. Pero a él nadie lo puede tocar, él sigue libre, disfrutando del poder».
También la abogada Rosa Nelly de la Vega Urrutia, hermana de Héctor Galindo, aseguró que con la resolución de la Suprema Corte, una vez más se ha demostrado que las instituciones del Estado mexicano ya no sirven. Ahora, con la presentación de juicio político contra Peña Nieto, podrán demostrar si la Cámara de Diputados sí funciona».
Con las palabras entrecortadas por el coraje, de la Vega Urrutia acusó al actual mandatario mexiquense de ser el responsable de las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en Atenco: «Él orquestó el operativo. Tenemos declaraciones de 50 miembros de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), quienes dijeron que las órdenes especificas fueron «¡jalen parejo, rómpanles la madre y chínguenselos a todos!».
Y María de la Luz del Valle Medina, hermana de Ignacio del Valle Medina, recordó que su consanguíneo está sentenciado a 112 años de prisión. «Su peor delito fue luchar por defender su tierra, los derechos de su gente, por defender sus costumbres, por eso lo sentencian a 112 años». Además, recordó que Peña Nieto reconoció en Canadá que él mandó a la fuerza pública, para reestablecer el Estado de Derecho».
APORTARÁN MÁS PRUEBAS
Al retomar la palabra, la diputada federal del PRD, Aleida Alavez Ruiz que aportarán más pruebas de que sí hubo una reunión el 3 de mayo del 2006, en Texcoco, encabezada por Enrique Peña Nieto y el entonces Secretario de Seguridad Pública Federal (SSPF), Eduardo Medina Mora Icaza, actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Por último, en la denuncia de juicio político contra el gobernador del Estado de México, entregada a la Cámara de Diputados, en su página 9 se lee:
«El tres de mayo de dos mil seis, de las 19:30 a las 23:00 horas aproximadamente, en el inmueble ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez Barrio de San Pedro, municipio de Texcoco, Estado de México, tuvo verificativo una reunión a la que asistieron, entre otros funcionarios del gobierno federal, los licenciados Eduardo Medina Mora Icaza, Miguel Ángel Yúnez García, Ardelio Vargas Fosado y Ramón Pequeño García, así como el general Héctor Sánchez Gutiérrez, quienes se desempeñaban, respectivamente, como Secretario de Seguridad Pública, Coordinador Nacional del Consejo de Seguridad Pública, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Delegado Estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y Coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo a la Policía Federal Preventiva. Del gobierno del Estado de México asistieron el licenciado ENRIQUE PEÑA NIETO…»
09/GGL/GG
