Mujeres indígenas del estado de Oaxaca tomaron hoy la palabra en las mesas de diálogo entre diversos organismos campesinos y el gobierno, y demandaron el fin de la discriminación, respeto a sus derechos constitucionales y trato preferencial en la entrega de apoyos económicos.
Salve María Solano Mora, mixteca de Tamazúlapam, Oaxaca, dijo a los asistentes al Diálogo por una Política de Estado para lograr un Acuerdo para el Campo, que las mujeres rurales y jornaleras no son importantes para las autoridades del gobierno ni para las organizaciones campesinas.
Para nadie es desconocida la situación que vive la población campesina de nuestro país. La baja escolaridad, mala alimentación, carencia de servicios de salud, entre otros, males que durante décadas se han arraigado en el campo mexicano.
«Nuestra voz de mujeres debe levantarse porque, no obstante que ante la ley los hombres y mujeres somos iguales, en los hechos no existe voluntad para tratarnos como iguales», reclamó Solano Mora.
Al hacer uso de la palabra dijo que esta discriminación se refleja incluso en las mesas de diálogo, pues no se toma en cuenta a las mujeres para participar en la toma de decisiones para el campo.
Si ustedes compañeros, acusó, se quejan de que el campo esta en la pobreza, de que a ustedes no se les consulta en las decisiones, «imagínense que sentimos cuando no nos permiten hablar en las asambleas o cuando se nos dice que los problemas del campo, no es asunto de ‘viejas’».
CONDENADOS A LA MISERIA
Por eso, destacó, venimos a decirles a ustedes y al país, que nosotras también tenemos propuestas y alternativas para la solución de los problemas del campo, porque de seguir así se estará condenado a nuestros hijos e hijas a vivir permanentemente en la miseria. » Y esto señores gobernantes, no lo acepta ninguna madre mexicana».
Propuso que en los programas de gobierno, se otorgue el pleno reconocimiento como verdaderas agentes de desarrollo y cambio, que se cumpla plenamente el mandato constitucional y que en la Ley de Desarrollo Rural, la mujer tenga garantizado un espacio en los Consejos Municipales y Regionales.
Pidió que las entidades del sur tengan un trato preferencial, «cuando el gobierno federal entregue recursos no sólo lo haga con los indicadores de pobreza, sino que también lo haga de acuerdo al número de mujeres que estamos al frente de nuestra parcela».
Exigió que no se les discrimine, con el argumento de usos y costumbres y que las leyes agrarias nos reconozcan nuestros derechos a ser titulares de las parcelas.
Así, a nombre de tres mujeres oaxaqueñas de origen indígena, que están al frente de sus familias y parcela, «nos apegamos a la convocatoria para lograr un acuerdo nacional para hacer una nueva política de desarrollo del campo, que incluya a la población femenina del campo».
RGL/MEL
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