El Movimiento Amplio de Mujeres (Mam) exigió al presidente de Perú, Alejandro Toledo y al congreso, legislar sobre el uso de pastillas de anticoncepción de emergencia (Pae) para permitir el libre acceso de las mujeres a ese recurso.
A través de un comunicado y tras argumentar que las Pae son un derecho de las mujeres sobre todo cuando se trata de una violación sexual, las integrantes del Mam exigieron al gobierno que tome medidas para evitar embarazos no deseados.
Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Colegio Médico del Perú y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, han avalado el uso de las Pae y recomendado su distribución.
Sin embargo, las autoridades peruanas de salud han argumentado diversas razones para no implementarlas a pesar de la exigencia de organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres y pese a los más de 300 mil abortos clandestinos que ocurren cada año en Perú.
Los grupos defensores de las Pae alertaron sobre las campañas llevadas a cabo por el Ministerio de Salud en las que, de acuerdo al comunicado, se pone en grave riesgo la salud de las mujeres y se violan sus derechos humanos, en particular los sexuales y reproductivos, lo viola los derechos humanos.
En el comunicado el Mam hace un llamado para que las autoridades dejen de actuar de acuerdo a sus creencias religiosas y contribuyan a mejorar la salud de las mujeres, así como el respeto de los compromisos nacionales e internacionales respecto a la salud, la vida, la sexualidad placentera, la libre elección y otros derechos.
A pesar de que la anticoncepción oral de emergencia fue aprobada el 13 de julio de 2001 hasta la fecha no se ha incorporado de forma regular dentro del programa de planificación familiar del Ministerio de Salud del Perú.
En Bolivia, por ejemplo, las Pae no se encuentran en la gama de métodos anticonceptivos que se ofrecen en los servicios públicos de salud y su discusión ha sido pospuesta por presiones de grupos conservadores.
En México, la anticoncepción de emergencia todavía no está incluida en las Normas Oficiales de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud y cuando se intentó incorporarla diversas organizaciones se manifestaron en contra.
No así en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador y Venezuela , en donde las mujeres pueden acceder libremente a este tipo de anticoncepción libremente.
LGL/MEL
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